El Supremo reprocha a los aforados de los ERE que abandonen el tren en marcha

El «caso ERE» no ha tenido tiempo de asentarse en el Tribunal Supremo (TS) y ello influirá en el futuro procesal de los ex aforados que ese fraude colocó bajo su lupa: los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el ex vicepresidente Gaspar Zarrías y el ex consejero José Antonio Viera –Mar Moreno fue exculpada–. Éste se decidirá previsiblemente en el juzgado sevillano que arrancó la causa, el de Instrucción número 6, después de que el pasado jueves dimitiera el último de ellos, Viera.

De momento, el instructor de la causa en el Alto Tribunal, Alberto Jorge Barreiro, quien ya había advertido en algunas resoluciones que su trabajo estaba abocado a un final inconcluso, ha reprochado a los investigados que hayan «abandonado en marcha el tren» de su instrucción para subirse «a otro ajeno» a su competencia, en alusión a que las renuncias a sus actas en el Congreso y en el Senado implican la pérdida del fuero y, «por ende», la salida del caso del Tribunal Supremo.

En un auto consultado por LA RAZÓN, en respuesta a un recurso de Zarrías en el que pedía el sobreseimiento de la imputación contra él por prevaricación, Barreiro le replica que no ha resuelto su petición por esa circunstancia. Una «opción procesal que no todos los imputados tienen», desliza el instructor, para admitir que sí cuenta con ella el «imputado quejoso», por lo que «está en su derecho de utilizarla cuando lo estime conveniente», reconoce. Ahora bien, lo que sí considera «cuestionable» Barreiro es que si Gaspar Zarrías renuncia a su aforamiento, porque puede hacerlo, se queje luego «de que no se resuelve sobre el sobreseimiento». ¿El motivo? «Si abandona la vía del proceso para aforados no puede ya pedir desde el nuevo tren procesal que le sigan dictando resoluciones desde el que ha abandonado», se explica el juez. Desde esa posición, entiende que «no ha lugar a resolver, dado el trámite procesal en que se halla la causa».

En su auto, niega además que, como alegó la representació legal del ex consejero andaluz, se haya producido cualquier dilación indebida en la tramitación del procedimiento y rechaza, en la misma línea que Zarrías haya sufrido indefensión, como éste mantuvo en un escrito, dado que hizo oficial su imputación en una exposición razonada remitida a la Sala de lo Penal y que no admitía recurso.

Mientras, en el otro punto espacial en el que también se instruyen los ERE, en Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la jueza María Núñez Bolaños, actual titular del juzgado número 6, para aseverar que no procede aclarar su auto del pasado 30 de julio en el que acordó dividir la «macrocausa» en tres grandes bloques, pese a que su antecesora y la que embridó el caso, Mercedes Alaya, siempre se ha opuesto al despiece y a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no se han pronunciado sobre quién de las dos continuará con la investigación. Según fuentes de la causa, Anticorrupción se ha opuesto a la demanda de aclaración realizada por las defensas de varios imputados en el proceso, al entender que la petición excede de lo que es un recurso de aclaración contra un auto y que, por tanto, no procede que Núñez Bolaños tenga que explicar o ampliar su resolución.