El PSOE no pide el acta de Sánchez Teruel y Gómez pese al señalamiento judicial

Su condición de aforados, de momento, impide la imputación. El PSOE suma ya su segundo diputado señalado por casos de corrupción. La Fiscalía reclamó en un escrito dirigido a la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que impute a Carmelo Gómez dentro de la causa sobre los delitos societarios en Mercasevilla porque considera que existen «indicios» de que la sociedad pública le pagó nóminas «durante el tiempo en que estuvo dado de alta en diversas empresas» vinculadas al conseguidor de los ERE Juan Lanzas. Así, Carmelo Gómez se sumó a José Luis Sánchez Teruel, diputado al que la Guardia Civil acusa de un presunto delito –entre otros– de malversación de caudales públicos por su actuación en la concesión de una subvención para la modernización de regadíos a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir durante su época como director general de la Consejería de Agricultura. Pese a todo, el PSOE no tiene previsto pedir sus actas.

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, confirmó ayer que aún no ha recibido la solicitud de la jueza Núñez Bolaños para que certifique la actual condición de parlamentario de Carmelo Gómez; al tiempo que, como en el caso de Sánchez Teruel, consideró que por el momento no tienen que dejar su escaño porque «lo que hay todavía es solo una consulta».

«Sin perjuicio previo»

En una entrevista en la Cadena Ser, Durán señaló que «a las 19:00» de ayer no había recibido aún esta petición y recordó que este trámite entra dentro de la «absoluta normalidad». «Que los tribunales se dirijan a los parlamentos para preguntar si una persona es diputada y que se pueda certificar que ese hecho sea así, hay que verlo sin un perjuicio previo», indicó. Cuestionado por si Gómez debe abandonar su escaño, Durán destacó que «todavía lo que hay es una consulta» y añadió que «como socialistas tenemos un código ético al que nos debemos, y conforme vayan sucediendo los acontecimientos, se aplicará con todo el rigor». El PSOE-A incidió en que, de acuerdo con el código de conducta del partido, las responsabilidades se reclaman cuando se produce «imputación de un delito» por parte del juez. El portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, indicó que el partido no tiene que hacer ningún tipo de «valoración ni de actuación, toda vez que no ha habido ningún tipo de pronunciamiento por parte de ningún órgano judicial». «No hay ningún pronunciamiento ni elemento más», insistió, aparte de la petición de corroborar la condición de diputado como sucede en el caso de los aforados. Jiménez añadió que el partido entiende, con carácter general, que cuando hay la «imputación de un delito por parte de un juez es cuando se produce la reclamación de responsabilidades».

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, señaló que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «sabe desde hace mucho tiempo que Carmelo Gómez trabajaba para Lanzas». Rojas, que coincidió con Podemos en urgir a Díaz a dar explicaciones, indicó que las «sombras de duda» sobre el Gobierno andaluz están ya «en los aledaños del primer sillón verde de este Parlamento». «El foco de corrupción está cada vez más cerca de Díaz y avanza de manera inexorable», añadió. Rojas calificó como «imperdonable» y una «vergüenza» para este Parlamento, «y también debería serlo para Díaz», la foto de estos dos diputados «señalados de forma clarísima por la Justicia». El coordinador de IU, Antonio Maíllo, recordó a la presidenta su promesa de no permitir «en ningún sitio» a imputados vinculados a corrupción. Ciudadanos, socio oficioso del PSOE en la Junta, pedirá que Gómez y Sánchez Teruel entreguen el acta si son imputados por corrupción en cumplimiento del acuerdo de investidura.