«Desde 2009» había constancia de intrusos y se conceden ayudas «por vecindad, amistad o afinidad política»

La Guardia Civil, tras la declaraciones de un comandante y un sargento que participaron en la Instrucción del «caso ERE», pone el foco de lleno en el Consejo de Gobierno de la Junta. Los agentes señalaron «las transferencias de financiación» como «una diferencia sustancial» a la hora de conceder las ayudas y «sin esa figura presupuestaria no se hubiera producido» el fraude. «Fue determinante para lo que sucedió», declaró el comandante de la Unidad Central Operativa (UCO), porque «se evitó la Intervención». La Benemérita también considera que «ha habido menoscabo de fondos públicos». «Las modificaciones presupuestarias evidencian que el Consejo de Gobierno conocía el procedimiento», señalaron. El comandante fijó «la primera constancia de que en la Consejería de Empleo se supiera que había intrusos en mayo de 2009». La investigación judicial no arranca hasta enero de 2011. Las ayudas, según la UCO, «se conocen por vecindad, amistad o afinidad política» al ser «totalmente opacas». «Es imposible que un empresario de la Almazara de Jaén pudiera conocer estas ayudas», se ejemplificó. La Consejería sabía cómo se tramitaban las ayudas pero se obvia la forma de actuar legal: «Se hace un uso discrecional de los fondos al margen de lo que establece la ley», indicó un sargento de la UCO. Este testigo también aseveró que las ayudas «no sólo eran conocidas por los miembros de la Junta» sino que «a través de las modificaciones presupuestarias se pudo amparar también todo este sistema». «Debían conocer que a través de esas modificaciones se estaban concediendo ayudas sociolaborales», insistió. El sargento habló de los llamado consejillos como «un cortafuegos por el que determinadas ayudas no debían ser ratificadas por el Consejo de Gobierno». Se trata de «un sistema que se prolongó muchísimos años».

El comandante que culminó su declaración iniciada el lunes añadió que «las dudas principales de las transferencias de financiación no van relacionadas con su legalidad sino con el control y las consecuencias que tenía». Este testigo apuntó que el sistema derivado del convenio marco de 2001 y el uso de las transferencias para el pago de las ayudas a través del IFA favorecía «la falta de control». El agente sí admitió que las transferencias de financiación conllevan «fiscalización previa». El agente discrepó de la depuración de intrusos realizada por la Junta. La administración andaluza señaló que se han dado 6.300 ayudas y apenas se localizaron una veintena de intrusos. «Esos informes no están en consonancia con la investigación policial», señaló. «No comparto el dato». El testigo reiteró que la investigación policial no contempla la orden del Ministerio de Trabajo de 5 de abril de 1995. «No fue tenida en cuenta» para el atestado policial. «El convenio marco desplazó un verdadero sistema regulatorio», describió. «Es la excusa para incumplir estas exigencias de la norma, durante nueve años», explicó, añadiendo que «aún así, las escasas exigencias del convenio marco también se incumplían en algunas de las ayudas». Para el testigo, «el menoscabo es real, no potencial». «Se trata de un daño real y efectivo a los fondos públicos. Era potencial pero se manifiesta como real», apostilló. Sobre ayudas concretas como la de Riogrande, especificó que se trató de «pagos cruzados» amparados por «un escrito de la Dirección General» (en dos ocasiones, Guerrero; otra vez Juan Márquez), con la aseguradora. «No hay nada, ni convenio. Es totalmente opaco», describió. Las ayudas a la Sierra Norte tampoco tenían «petición formal» (salvo Virgen del Espino en 2009). Eran ayudas «sin facturas, certificaciones, proyecto o solicitud. Nada». En ocasiones se trataba de empresas que decían que tenían diez trabajadores y tenían dos, explicó, y no se hacía seguimiento. El investigador apuntó al concepto de «endose anticipado de ayudas» cuando «el IFA pasa a Innovación». «El empresario accedía» a la cuantía íntegra «inmediatamente» en base a un documento del «director general que lo aceptaba». «Había mucho descontrol», describió el agente. No se localizó «ni un expediente de denegación de una ayuda solicitada».