Educación licita el servicio de comedor sin cumplir su propia normativa

Permite que monitores sin formación específica atiendan a menores con discapacidad

«Siempre no se pueden cubrir las necesidades». Bajo esta premisa en forma de respuesta a unos padres en Sanlúcar la Mayor al iniciarse el curso escolar, cualquier escenario resulta aceptable en el sistema educativo andaluz. La Junta de Andalucía se está limitando a parchear el déficit de monitores de educación especial en los centros de enseñanza públicos de la comunidad, el colectivo más vulnerable dentro del sistema. Este diario ha venido relatando reiterados casos desde el mes de septiembre. Uno de ellos, el del CEIP Emilio Prados, del barrio sevillano de Amate, lejos de solucionarse, se agrava.

La Consejería de Educación concedió en septiembre plaza en el comedor del centro a dos menores con necesidades especiales pero la licitación del servicio con la empresa Serunión no contempla la contratación de personal con formación para atender, en este caso, a una menor de tres años discapacitada y ciega y a otro alumno de cuatro años con autismo. La solución consensuada por empresa y administración ha sido «reestructurar» la plantilla. Así, mientras se atiende a los menores con necesidades el resto del personal ve ampliada la ratio hasta grupos de 35 alumnos. Un problema puntual se ha convertido en general, pues el descontento llega ya al resto de padres y madres.

La Orden que regula los servicios complementarios de la enseñanza es bastante explícita y fue aprobada hace apenas unos meses, el 17 de abril de 2017. «La Dirección General competente en materia de planificación educativa, a petición de la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial competente en materia de educación, podrá autorizar, excepcionalmente, el aumento del número de personas para la atención del alumnado que presente necesidades educativas especiales», señala el documento.

La familia más afectada es la de la pequeña ciega con encefalopatía, pues accedió al servicio de comedor a través de los servicios sociales –para más inri–, cumpliendo todos los criterios socioeconómicos. Los padres se niegan a dejarla sin una persona con la formación necesaria para atenderla. El siguiente paso, dada la falta de respuesta ofrecida por la delegación, será acudir al Defensor del Pueblo, pues entienden que se pueden estar vulnerando sus derechos.

El resto de padres han visto como el servicio perdía calidad. En Infantil, debe haber una monitora por cada 15 menores; y en Primaria, la ratio asciende a 25. Sin embargo, en la actualidad, la cifra supera los 30 en un colegio con más de 300 niños.

La Junta pretende con este servicio proporcionar a los padres y madres un apoyo que les permita compatibilizar sus obligaciones familiares y profesionales. La conciliación para las familias con necesidades especiales parece ocupar un escalón inferior entre las prioridades de la administración, que tampoco prolonga la jornada de los monitores de educación especial del centro para cubrir la hora de la comida.