Bronca en el Parlamento al negarse el PSOE a ejecutar el fallo del TC sobre la Mesa

El presidente de la Cámara gana tiempo al esperar a la publicación en el BOE, pero en recursos de amparo basta con el traslado a las partes

El Parlamento revivió ayer la bronca que se produjo en la constitución de la Cámara a mediados de abril de 2015, cuando Luis Pizarro (PSOE) dejó al Partido Popular con un solo representante en la Mesa pese a que le correspondían dos. La secretaría pasó a Izquierda Unida para que todos los partidos estuvieran presentes, tal y como recoge el artículo 36 del reglamento.

El entonces portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, se enzarzó en un rifirrafe con el socialista Luis Pizarro, presidente de la Mesa de Edad. Y anunció la interposición de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional cuyo fallo se conoció la semana pasada. El TC deja claro que la decisión que tomó Pizarro es arbitraria y por tanto al PP le corresponde la secretaría segunda, con lo que IU, en una aplicación escrupulosa del fallo, se quedaría fuera. Por tanto, uno de los principales escollos en este momento es buscar un encaje para cumplir a la vez la sentencia del TC y el artículo 36 del reglamento.

El origen de la nueva bronca se debe a que el PP pide que la sentencia se cumpla de manera inmediata, con lo que Patricia del Pozo debió ayer mismo ocupar su puesto como secretaria segunda de la Mesa. Sin embargo, el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, ratificó ayer por la mañana lo que temía el PP y es que esperará para restituir el orden que establece el Constitucional a que el fallo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una postura que, según argumentó, comparte con el letrado mayor de la Cámara, Javier Pardo Falcón.

Ciertamente el artículo 164 de la Constitución señala que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE y tienen «valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación». Sin embargo, la aplicación de este artículo merece una lectura más amplia. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que en recursos de amparo como éste la notificación oficial a las partes es más que suficiente para que se proceda a su aplicación y que en modo alguno hay que esperar necesariamente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. A este argumento, que está extendido en la jurisprudencia constitucional, es al que se ha acogido la diputada del PP Patricia del Pozo en el escrito que dirigió al presidente del Parlamento. «Con independencia de los efectos que frente a terceros tenga la publicación de la sentencia en el BOE, dado que se trata de un recurso de amparo constitucional y no de un recurso de inconstitucionalidad, ésta tiene efectos entre las partes desde el mismo momento de su notificación, por lo que habiendo sido ya notificada al Parlamento de Andalucía debe proceder de manera inmediata a su ejecución».

Del Pozo pidió la palabra nada más iniciarse la sesión parlamentaria de ayer. Y ahí comenzó el guirigay. El presidente del Parlamento trató de cortar la intervención mientras tomaban también la palabra la portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, y la vicepresidenta segunda de la Cámara, Esperanza Oña, que bajó del «palomar» para esgrimir desde un escaño que se estaba cometiendo una irregularidad dado el tenor del artículo 84 del reglamento: «Para adoptar acuerdos la Cámara y sus órganos deberán estar reunidos reglamentariamente». El PP anunció que baraja acudir de nuevo al TC. El presidente del Parlamento ha pedido un informe al letrado mayor para ver cómo se concilia el cumplimiento de la sentencia y del artículo 36 del reglamento que apunta a la representatividad de todos los partidos en la Mesa. El PSOE, de momento, gana tiempo.