Atribuye su posible prevaricación a «exceso de confianza»

El ex alcalde socialista de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez se declaró ayer inocente de un presunto delito de prevaricación por supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras en el Parque Ramos Mantis del municipio entre los años 2005 a 2007 en la primera sesión del juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 3 de la Audiencia Provincial de Huelva. Durante la vista aseguró que confiaba «plenamente» en los técnicos y en sus concejales y esgrimió que «sabía lo que firmaba pero los técnicos eran los responsables».

Durante su declaración, el ex alcalde, que tuvo que abandonar la Alcaldía en 2008 tras una moción de censura, aseguró que quizás «haya pecado de exceso de confianza» en sus técnicos y reiteró que si se ha equivocado «no ha sido intencionadamente». En esta línea, insistió en que «firmaba lo que le pasaban los técnicos» y añadió que llevó adelante las obras, a pesar de contar con informes económicos negativos por parte del interventor ante la falta de recursos, porque era «habitual esta situación, ante la nefasta situación de las arcas municipales». De hecho, hizo hincapié en que cuando llegó a la Alcaldía se encontró con «solo 200 euros».

Sánchez remarcó que las obras eran «necesarias» por motivos de salubridad y de peligro para los bollulleros porque se encontraban en mal estado. «Era una obra muy importante para el pueblo y no la calificaba de obra menor, sino de obra de menor cuantía que al final se incrementó más de lo previsto», argumentó el ex alcalde, llegando a alcanzar «los 740.000 euros», según declaró el interventor.

Tal y como señala en su escrito el Ministerio Fiscal, en las obras participaron tres empresas, pero para su realización solo se formalizaron dos expedientes. El ex alcalde aseguró que no recordaba si el tercer expediente de contratación consta en las actuaciones.

El ex primer edil apuntó que en septiembre de 2007 ordenó paralizar los pagos a esta empresa, con la que no consta expediente de contratación, porque «acumulaba una deuda de 200.000 euros y no se le podía pagar». No obstante, hizo hincapié en que «nunca» le dijo el interventor que «podría estar cometiendo un delito».

Por su parte, el interventor aseguró que el ex alcalde «conocía la falta de consignación presupuestaria» y recordó una conversación mantenida entre ambos con el fin de regularizar los pagos.

El Ministerio Fiscal solicita imponer al acusado la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local durante nueve años por un presunto delito de prevaricación.