Alaya ordena a la UCO investigar el hipódromo fantasma de Los Palacios

En marzo de 2003, en pleno «boom», a alguien en Los Palacios, una localidad sevillana de apenas 30.000 habitantes, se le ocurrió la idea de construir un hipódromo. Incluso se firmó un protocolo de colaboración para optar a una subvención de la Junta. El Ayuntamiento socialista, entonces dirigido por Emilio Amuedo, recurrió al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Un año más tarde,

el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) otorgaba una subvención de 901.518 euros con cargo «a la aplicación presupuestaria 31L», el denominado «fondo de reptiles». En abril de 2004, el Consistorio palaciego recibió tres ingresos como pago de la primera parte de la subvención: uno de 50.000, otro de 200.000 y uno final de 500.000 euros. La gestión posterior corrió a cargo del también alcalde socialista Antonio Maestre, pero el centro ecuestre jamás se construyó y sólo se justificaron 22.000 euros correspondientes a un estudio topográfico (10.440 euros) y otro de suministros (11.994 euros). A qué se destinaron los 725.000 euros restantes es una incógnita que ahora la juez Mercedes Alaya ha ordenado investigar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Las sospechas de corrupción en el Consistorio palaciego en la época socialista se remontan varios años, pero fue IU, una vez accedió a la Alcaldía Juan Manuel Valle, quien denunció a la Fiscalía los hechos.

Según Alaya, los hechos «sucintamente» narrados «se refieren a actuaciones que están siendo objeto de investigación por este juzgado, junto con otras ayudas concedidas a otros ayuntamientos, con total ausencia de procedimiento, con cargo a partida presupuestaria inadecuada, sin competencia para otorgarla y presuntamente por el mero hecho de existir afinidad política», por lo que «procede su unión a las actuaciones y su remisión» a la Guardia Civil.

No fue hasta finales del mes de abril de 2013, nueve años después, cuando la Junta de Andalucía inició el expediente de reintegro de los 727.565 euros no justificados. En el oficio remitido al Ayuntamiento, ya con IU en la dirección, indica de forma explícita que «la concesión de esta subvención no siguió de ninguna forma el procedimiento recogido en el reglamento para la concesión» de ayudas públicas de la Administración andaluza. La cantidad reclamada, incluidos intereses y recargos, asciende a un millón de euros.