Alaya indaga en los 210 millones recibidos por UGT, CC OO y CEA en dos años

La jueza Mercedes Alaya reclama a la Junta de Andalucía que remita una copia compulsada de los acuerdos del Consejo de Gobierno de los años 2009 y 2010 correspondientes a la concesión de todas las subvenciones que hayan sido otorgadas a UGT, CC OO y Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) mediante convenio de colaboración en materia de formación. Durante esos años, la Presidencia de la Junta correspondió a José Antonio Griñán salvo los tres primeros meses de 2009 en los que estuvo al frente Manuel Chaves.

Precisamente, el informe de la Cámara de Cuentas sobre formación profesional para el empleo de los años 2009 y 2010 fue el que desembocó en las diligencias de las que ahora se ocupa Alaya. Los tres principales actores de la concertación social recibieron 209,5 millones de euros en el mencionado periodo, según la Cámara de Cuentas. La Confederación de Empresarios de Andalucía, 83 millones; CC OO, 63 millones; y la UGT, 63,5 millones de euros. El montante total de subvenciones para formación profesional de ese bienio alcanza los 746 millones. El tercer actor más beneficiado y que también centra las pesquisas de Alaya es la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se embolsó 66,3 millones de euros.

En un auto notificado ayer a las partes, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada dice que estas actuaciones «se han incoado en virtud del atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se evidencian graves irregularidades en las concesiones de subvenciones a cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo» de la Junta.

La jueza, en este auto fechado el pasado 4 de mayo, reclama a la Junta que, en el plazo de diez días, remita también las propuestas de dichos acuerdos con sus correspondientes memoria y documentación anexa. También pide a la Junta una copia compulsada de las actas de la Comisión de Viceconsejeros –los llamados «consejillos»– previas relativas a los posteriores acuerdos de los años 2009, 2010 y 2011 de concesión de subvenciones en materia de formación a los sindicatos aludidos y a la CEA.

De igual modo, reclama una copia compulsada de los convenios específicos suscritos entre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las referidas organizaciones correspondientes a las diferentes subvenciones concedidas en los años 2009, 2010 y 2011.

Asimismo, libra mandamiento a la Dirección General de Formación para que, también en el plazo de diez días, remita al Juzgado una copia compulsada de los informes de los expedientes de reintegro que se hayan iniciado correspondientes a cada una de las subvenciones que hayan sido otorgadas a UGT, CC OO y CEA mediante convenio de colaboración en materia de formación en esos mismos tres años.

Por último, reclama asimismo una copia compulsada de las resoluciones de exoneración que hubiere en los años 2008, 2012 y 2013, «y en caso contrario se certifique su inexistencia». Hay que recordar que la actual presidenta de la Junta tomó posesión del cargo en septiembre del año 2013, por lo que las pesquisas alcanzarían a la etapa de Gobierno de Susana Díaz.

La Guardia Civil elevó recientemente a 1.298 millones el montante en subvenciones no justificadas entre 2002 y 2014.