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Miguel y Laura, los hijos de Boyer que ya tienen su legado

Miguel y Laura, los hijos de Boyer que ya tienen su legado larazon

El testamento de Miguel Boyer, que falleció en 2014, por fin se ha resuelto. Ha costado cuatro años que los herederos legales (sus hijos Isabel, Laura y Miguel) se pusieran de acuerdo. La razón no tenía que ver con un tema estrictamente económico, como se dijo en su día, sino más bien con cuestiones sentimentales. Tanto Laura como Miguel, los hijos que el ex ministro tuvo con la doctora Elena Arnedo, están muy bien situados, con un patrimonio inmobiliario importante que les llegó por la línea materna. La abuela, la escritora Elena Soriano, dejó los derechos de autor de sus libros a su marido Juan José Arnedo y éste a su vez a su hija Elena. Cuando falleció la ginecóloga en 2015 todos sus bienes, que eran potentes, pasaron a Laura y Miguel. Los hermanos se encontraron con el chalet familiar de El Viso (una de las zonas más caras de Madrid), una finca y varios pisos diseminados por el barrio de Salamanca, así como cerca del museo Thyssen y el hotel Palace. A este capital inmobiliario se añadían acciones, inversiones y dinero en efectivo. A los hermanos Boyer Arnedo, ambos economistas como su padre, no les hacía falta la herencia que tanto ha dado que hablar porque ya tenían su propio patrimonio. Sí lucharon, en cambio, por objetos personales como corbatas, prendas de vestir, la famosa botonadura herencia del abuelo paterno, libros muy específicos, una escultura de Mariano Benlliure que representaba al antepasado Amós Salvador, un cuadro de Álvarez de Sotomayor que pintó a la madre de Miguel Boyer y su tía cuando eran pequeñas y otras peticiones con poco valor en una subasta y sí en el plano afectivo. Hace quince días se solventó la repartición hereditaria. Isabel Preysler se convirtió por fin en usufructuaria efectiva sesenta meses después de la muerte de su marido. Los hijos de Boyer cierran un capítulo polémico relacionado con los bienes de su padre. La tardanza en ponerse de acuerdo les ha costado a los tres y a Preysler pagar una multa a la Administración, ya que el plazo de la prórroga para ponerse de acuerdo finalizó en julio de 2018.