Violaciones y abusos policiales, la rutina en las prisiones mexicanas

Mónica, de 26 años, fue violada en grupo por seis agentes que le aplicaron descargas eléctricas en la zona genital para que confesara un crimen que no cometió.

Mónica, de 26 años, fue violada en grupo por seis agentes que le aplicaron descargas eléctricas en la zona genital para que confesara un crimen que no cometió. Así lo revela el último informe de Amnistía Internacional, que centra su investigación en la confesión de cien mujeres detenidas en cárceles mexicanas que han sido víctimas de abusos sexuales y torturas a manos de las fuerzas de seguridad del país. Denuncian que las forzaban, como un método habitual de extorsión, a reconocer crímenes, sobre todo, relacionados con la delincuencia organizada y las drogas que jamás cometieron.

Del centenar, 72 de estas mujeres reconocieron a la ONG haber sufrido abusos sexuales por parte de policías municipales, estatales y de miembros del Ejército y la Marina, durante su arresto, su interrogatorio o en las horas posteriores. Otras 33 relataron haber sido violadas y la mayoría de ellas dijeron haber sido manoseadas, tocadas y haber recibido palizas y descargas eléctricas.

Mónica, de 26 años y madre de cuatro hijos, confiesa a Amnistía haber sido obligada a firmar una “confesión” en la que afirmaba formar parte de un cártel de la droga en el país. Como herramienta represiva para que se declarara culpable, seis policías la violaron en grupo; le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, le hicieron rozar la asfixia con una bolsa de plástico y le hundieron la cabeza en un cubo con agua el 12 de febrero de 2013 en la ciudad de Torreón (Estado de Coahuila, al norte de México). Su infierno no cesó ahí, ya que posteriormente fue forzada a mirar cómo torturaban a su hermano y a su marido, quien falleció a consecuencia de los golpes. Mónica sigue hoy en prisión, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó las torturas sufridas por la joven y solicitó en abril de 2016 la apertura de una investigación criminal sobre su caso. Son muchos los rostros que recuerdan que la brutalidad recorre con impunidad los entresijos de las cárceles nacionales, como los de Yecenia Armenta y Verónica Razo, visibles en las fotografías y aún presas en el país.

“Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, asegura Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien matiza que “las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada 'guerra contra el narcotráfico'”.

A esta situación de abuso se le suma que las víctimas no suelen recibir una asistencia médica y psicológica adecuada tras los ataques, lo que incrementa su frustración, sus secuelas traumáticas y la sensación de que su lucha está abocada al olvido. El que muchas de ellas no pueden costearse un procedimiento legal para defenderse rompe, además, cualquier esperanza de combatir la injusticia.

La impunidad de los violadores

“Los ministerios públicos y los tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos”, advierte Amnistía Internacional y señala que, “de las miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales”.

Según las cifras facilitadas por diversas comisiones nacionales destinadas a proteger a la población de estos atropellos a sus derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron en el país, más de 12.000 denuncias de tortura y otros tratos vejatorios ante estos organismos, de los cuales 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 mujeres.

Durante los años 2013 y 2014 se duplicaron, asimismo, las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México y tan sólo un número reducido de casos consiguió que se abrieran procesos de investigación. En este sentido, Guevara condena el deliberado secretismo que rodea a las autoridades mexicanas en torno a este asunto: “Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”.

Aunque las iniciativas gubernamentales para frenar esta trágica rutina de violación y abuso contra los reclusos avanzan tímidamente, el Congreso mexicano está debatiendo actualmente un proyecto de Ley General sobre la Tortura, que ha sido, eso sí, aplazado en varias ocasiones. Sin embargo, las organizaciones humanitarias urgen al país a que se lleve a cabo una reforma legislativa en la que se determine que cualquier prueba obtenida mediante un proceso de tortura sea excluida de las actuaciones penales en un intento por proteger a las víctimas. Sólo se excluirían aquellas causas contra un presunto autor de tortura u otros malos tratos, como prueba de que se ha cometido dicha tortura.