Por primera vez desde que ingresó en la UE en 2007, Rumanía asumió ayer la presidencia semestral del Consejo Europeo. Un relevo institucional que no dejaría de ser anecdótico si no fuera porque el país balcánico se encuentra bajo vigilancia de Bruselas por los intentos del Gobierno socialista de socavar la independencia judicial. Tras los antecedentes de Hungría y Polonia, las instituciones comunitarias se muestran alarmadas por los vientos autoritarios que llegan desde Bucarest. Todo ello ha despertado las dudas de la capacidad de Rumanía de estar a la altura de presidir el «club» comunitario en un primer semestre de 2019 marcado por la salida de Reino Unido el 29 de marzo, o las elecciones europeas del 23 y 26 de mayo, en las que se espera un fuerte crecimiento de los partidos populistas y eurófobos.

El propio presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en una entrevista al diario alemán «Die Welt» aseguraba el domingo que el Gobierno rumano «aún no ha entendido lo que significa presidir los países de la UE». En un claro mensaje a Bucarest, Juncker recordaba que «el cargo de la Presidencia implica voluntad de escuchar y de poner las propias preocupaciones en segundo plano», poniendo en duda que Rumanía sea capaz de cumplir estos requisitos.

Según la oposición y muchas instituciones independientes, desde que hace dos años los socialistas ganaron las elecciones en Rumania están tratando de imponer reformas para socavar la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. Estos planes, impulsados por el «hombre fuerte» del PSD, Liviu Dragnea, que no puede asumir ningún cargo en el Gobierno precisamente por haber sido condenado por corrupción, han causado un enfrentamiento entre Bucarest y la Comisión Europea.

En medio de estas tensiones, el euroescepticismo va en aumento, según el último barómetro publicado por el Parlamento Europeo en septiembre. Rumanía registró la mayor caída del nivel de confianza hacia las instituciones comunitarias, un 49%, diez puntos menos que en marzo. En cambio, un 64% de los ciudadanos cree que el país se ha beneficiado como Estado miembro al apreciar mayores oportunidades de trabajo, crecimiento y la mejora de la calidad de vida.