El Gobierno británico exigió ayer una profunda renovación de la Unión Europea a fin de hacerla más competitiva. Fue el ministro del Tesoro, George Osborne, quien advirtió de que sólo había dos opciones para el futuro: «Reforma o declive». «Europa necesita urgentemente una reforma económica y la integración de la eurozona es necesaria para que sobreviva el euro», reconoció. «Pero es absolutamente necesario que haya la debida protección legal de los derechos de los países no miembros, para preservar el mercado único y hacer posible que Reino Unido se quede en la UE», añadió. «Creo que no interesa a nadie que nos veamos abocados a escoger entre unirse al euro o abandonar la UE», añadió.

El discurso del que es la mano derecha del «premier» se enmarcaba dentro de las charlas organizadas por el centro de estudios pro reforma Open Europe. Pero, sin duda alguna, fue una intervención minuciosamente calculada por Downing Street. Con los comicios europeos a la vuelta de la esquina, los «tories» más euroescépticos han comenzado el año presionando sobremanera a David Cameron para radicalizar aún más su postura ante Bruselas. El primer ministro pudo contener los ánimos el año pasado prometiendo un referéndum sobre la permanencia para 2017. Pero con la escalada del UKIP en los sondeos de intención de voto, el ala más radical del Partido Conservador le exige que, de nuevo, mueva ficha. Un centenar de diputados de las filas conservadoras ha pedido por carta a su líder que otorgue poderes al Parlamento para vetar las leyes de la UE. Sostienen que esa competencia permitiría al Gobierno «recuperar el control sobre las fronteras, eliminar cargas impuestas por la UE al sector empresarial, retomar el control sobre política energética y anular la Convención europea de derechos humanos».

A finales del año pasado, el Ejecutivo británico ya se planteó imponer restricciones a los trabajadores europeos. Sin embargo, según publicó ayer el rotativo británico «Financial Times», el documento, que iba a ser divulgado a principios de este mes, ha quedado finalmente archivado, ya que la ministra británica de Interior, Theresa May, ha tenido dificultades para argumentar su posición.