Singapur ha ejecutado a su primera mujer en casi dos décadas por tráfico de drogas, a pesar de las numerosas críticas internacionales de los detractores de la pena de muerte, que afirman que este castigo no disuade del consumo o la distribución de estupefacientes. No obstante, el Gobierno del país ha afirmado en repetidas ocasiones que sus draconianas leyes sirven para disuadir eficazmente la delincuencia relacionada con el narcotráfico.

Así, Saridewi Binte Djamani, de 45 años, fue ahorcada la madrugada del viernes tras ser condenada en 2018 por posesión de "no menos de 30,72" gramos de heroína, según la Oficina Central de Narcóticos de Singapur. "La Ley sobre el Uso Indebido de Drogas establece la pena de muerte si la cantidad de diamorfina traficada es superior a 15 gramos", dijo la entidad en un comunicado. "Esa cantidad de diamorfina es más del doble de la permitida, y es suficiente para alimentar la adicción de unos 370 consumidores durante una semana".

Ni un recurso de apelación o un intento de obtener un indulto presidencial fueron suficientes para que le fuera impuesta la pena a Djamani, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada en Singapur desde que la peluquera Yen May Woen fuera ajusticiada por el mismo delito en 2004.

Su ejecución se produjo dos días después de que otro singapurense, Mohammed Aziz Hussain, de 56 años, muriera a manos de la justicia por traficar con unos 50 gramos de heroína. Ambos habían sido condenados a la pena de muerte obligatoria en 2018.

La pena capital en Singapur es un castigo legal. Las ejecuciones se llevan a cabo en la horca y suelen tener lugar al amanecer. Treinta y tres delitos -entre ellos asesinato, tráfico de drogas, terrorismo, uso de armas de fuego y secuestro- merecen esta pena según la legislación de este país. Las autoridades mantienen un criterio de "alta eficacia" en la aplicación de dicha pena.

En el caso de tráfico de drogas y salvo contadas excepciones, una persona debe ser condenada a muerte por poseer 15 gramos de heroína pura o más de 500 gramos de cannabis. A pesar de que la Constitución de Singapur consagra el principio de igualdad de todas las personas ante la ley (artículo 12), las investigaciones apuntan a que los prejuicios y la discriminación de género comprometen gravemente el acceso de las mujeres a la justicia, especialmente en los casos de delitos punibles con la pena capital.

En un comunicado conjunto, Transformative Justice Collective, Amnistía Internacional y otros siete organismos afirman que este país ha ajusticiado a 15 personas por delitos de drogas desde que reanudó los ahorcamientos en marzo de 2022. Y todo a pesar de que el ministro de Justicia, K. Shanmugam, reconoció en una entrevista ese mismo año que esta estricta política en materia de drogas no ha conducido a la detención de los llamados capos de la droga.

Por ello, el documento denuncia que "en lugar de desarticular los cárteles de la droga este gobierno mantiene deliberadamente leyes capitales sobre estupefacientes que, en la práctica, funcionan para castigar a los traficantes y correos de bajo nivel, que suelen ser reclutados entre grupos marginados con vulnerabilidades cruzadas".

Entro otros, el magnate británico Richard Branson y las Naciones Unidas han instado al país a detener las ejecuciones por este tipo de delitos, ya que según ellos cada vez hay más pruebas de que la aplicación de la pena capital es ineficaz como medida disuasoria. Sin embargo, las autoridades singapurenses insisten en que todos los presos gozan de las debidas garantías procesales y que dicha condena sigue siendo clave para ayudar a frenar tanto la demanda como la oferta de drogas.

Asimismo, estos colectivos consideran que Singapur no está en consonancia con la tendencia mundial de que cada vez más países abandonen la pena capital. La vecina Tailandia ha legalizado el cannabis, mientras que Malasia puso fin este año a la pena de muerte obligatoria para delitos graves. Por ello, instan a las autoridades a detener todas las ejecuciones y, en su lugar, a adoptar medidas eficaces para abordar de forma humanitaria el problema del narcotráfico en el país.

Un informe publicado en 2021 por el Centro Cornell sobre la Pena de Muerte en el Mundo informaba de que, a nivel mundial, se ha producido un aumento del 17% en las tasas de encarcelamiento de mujeres desde 2010, considerándose las leyes punitivas sobre drogas como uno de los principales impulsores de esta tendencia. En Asia y Oriente Medio, los delitos relacionados con las drogas son el segundo más común por el que las reclusas son condenadas a morir.

Aunque algunas toman conscientemente la decisión de traficar con drogas, muchas son engañadas para que las transporten sin saberlo. En algunos casos, el objetivo son hombres que, bajo falsos pretextos, se convierten en sus compañeros de confianza antes de pedirles que transporten artículos que contienen narcóticos.