En una sesión calificada de histórica, los diputados abrieron el debate sobre el «impeachment» a la presidenta. Si las dos Cámaras votan a favor del procesamiento, la mandataria brasileña tendría que abandonar el poder.

Whisky, vino refinado y risotto. Ese fue el menú de la cena del vicepresidente Michel Temer –quien asumiría el cargo hasta 2018 si Dilma Rousseff es destituida por «impeachment»– durante un encuentro con 80 diputados que apoyan el juicio político. «Fue un besamanos», resumía ayer un parlamentario, en referencia a la cita, celebrada la víspera. Es en ese ambiente de euforia que la oposición al Gobierno y los mercados cuentan las horas para que el Congreso dé su visto bueno al proceso de «impeachment» contra Rousseff, quien tiene cada vez menos opciones de sobrevivir al juicio político.

El último contratiempo llegó del ámbito judicial, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) –compuesto en su mayoría por jueces nombrado por Rousseff y por Luiz Inacio Lula da Silva– desestimara la petición del Gobierno de suspender la votación de este domingo en el Congreso. Una derrota judicial que deja entrever que la mandataria está ahora en manos únicamente del Legislativo, donde los apoyos al Gobierno se descomponen a ritmo acelerado.

Los cálculos de la oposición indican que ya disponen de más de los 342 votos necesarios –dos tercios de la Cámara, compuesta por 513 parlamentarios– para aprobar el proseguimiento del proceso de «impeachment» en la sesión del domingo.

La votación en el Congreso no es definitiva, aunque sí altamente simbólica, porque determinará hasta qué punto la jefa del Estado carece de los apoyos necesarios para gobernar. Sin embargo, será la Cámara Alta y sus 81 senadores quienes eventualmente decidirán si Rousseff es juzgada por un «crimen de responsabilidad» al manipular supuestamente las cuentas públicas de 2014 y 2015 y, por lo tanto, es apartada del poder por un período de 180 días mientras se celebra el juicio político.

La sesión ayer en el Congreso, la primera de las tres destinadas a analizar y votar el «impeachment», estuvo marcada por la polarización de los bandos. La oposición criticó a un Ejecutivo al que acusa de incumplir la ley, de ser corrupto, de haber llevado a la ruina a la estatal Petrobras –una de las energéticas más endeudadas del planeta– y de no haber entablado un diálogo con el Legislativo para gobernar y capear la recesión.

Los diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y sus menguantes aliados destacaron, sin embargo, los logros sociales de 12 años de Gobierno de Lula y Rousseff, cuando más de 30 millones de personas han salido de la extrema pobreza y prácticamente se ha erradicado el hambre, según datos avalados por Naciones Unidas. De nuevo, volvieron a calificar de «golpe» un proceso que el abogado general de la unión y ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, califica de «viciado».

«La historia jamás perdonará», dijo Cardozo, excelente orador y defensor de Rousseff, quien evocó la posibilidad de acudir de nuevo al Supremo en las próximas semanas para evitar que el Legislativo vote a favor de una «ruptura democrática e institucional».

El argumento se fundamenta en que el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, acérrimo opositor a Rousseff y promotor del «impeachment», habría decidido aceptar a trámite el proceso de impugnación como «represalia» a la negativa del Ejecutivo de apoyarle tras las acusaciones de corrupción. Es decir, que su decisión atendería objetivos personales y no el interés general.

Cunha, que ya está denunciado en el Supremo por la fiscalía general del Estado por participar en la trama Petrobras, habría recibido varios millones de dólares en cuentas secretas en paraísos fiscales. Si Rousseff cae, él sería, paradójicamente, quien asumiría la vicepresidencia del país, lo que remueve las consciencias incluso de los movimientos más recalcitrantes a favor de destituir a Rousseff.

El PT sigue creyendo –al menos públicamente– en ganar la votación en el último minuto. Entre bastidores, y desde una lujosa habitación de un hotel en Brasilia –al no poder ejercer como ministro por dictado judicial cautelar–, el ex presidente Lula sigue tratando de utilizar su capital político para convencer a los disputados que no apoyen la destitución. El ex presidente, tan crítico con la política social de su sucesora, acaso sea el último cartucho de Rousseff. En un vídeo de cinco minutos publicado ayer, Lula insiste en que el país vive un intento de «golpe» y pide a los parlamentarios y a la población «no embarcarse en aventuras y cantos de sirena». Lanzó asimismo un mensaje directo a Temer. «Nadie conseguirá gobernar un país de 200 millones de habitantes sin el voto popular», reiteró una y otra vez Lula, indemne a las acusaciones de corrupción, si se considera que la última encuesta del Instituto Datafolha le sitúa como el candidato más votado junto a la ecologista Marina Silva en unas eventuales elecciones de 2018.

La presidenta tenía previsto hablar ayer al país, pero a última hora se echó atrás, ante el temor de que las caceroladas eclipsaran el mensaje. Coincidiendo con el momento de máxima tensión política, la red de televisión por Internet Netflix anunció que la Operación Lava Jato se convertirá en una serie de televisión. La dirigirá el cineasta brasileño José Padilha, director de la celebrada «Narcos», sobre la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Su final, probablemente, lo conoceremos este domingo con la votación en el plenario del Congreso.