Vladimir Putin "conduce" hasta Crimea en su primer día como prófugo de la Justicia

Con la Corte Penal Internacional pisándole los talones y al más puro estilo «road movie», el presidente ruso, Vladimir Putin cogió su coche y se plantó en la península de Crimea para celebrar el noveno aniversario de su anexión a Rusia, en un día intenso, ya que horas antes el mandatario ruso había firmado una ley que amenaza con llevar a la cárcel durante 15 años a quienes critiquen a los voluntarios o mercenarios que forman parte en la campaña de Ucrania.

El Código Penal de Rusia estipulaba hasta ahora una responsabilidad por «acciones públicas dirigidas al descrédito de las Fuerzas Armadas». La normativa ampliada la extiende ahora a todas las fuerzas involucradas, incluidos voluntarios, organizaciones anexas e individuos que faciliten su labor.

Fue un día como el de ayer, el 18 de marzo de 2014 cuando el jefe del Kremlin oficializaba la inclusión de esta región a la Federación de Rusia tras un referéndum celebrado dos días antes en el que, según funcionarios locales, el 95,5% de los votantes de la zona apoyó la anexión a Rusia. Los países democráticos no.

Desde entonces, Moscú ha ido poco a poco comiendo terreno a la vecina Ucrania. Tras la anexión de Crimea vino el conflicto del Donbás, que se ha prolongado en el tiempo desencadenando la ocupación rusa lanzada aquel fatídico 24 de febrero del año pasado.

Han sido contadas las ocasiones que Vladimir Putin ha visitado esta región, siendo la de ayer su primera visita desde hace más de dos años, sin contar un viaje relámpago en diciembre del año pasado para revisar el estado del puente de Kerch, que comunica esta península con la Rusia continental, destruido por una explosión el pasado mes de octubre.

El gobernador de la región, Mijail Razvozhavev, informaba a través de su canal en Telegram que el líder ruso había llegado conduciendo él mismo a la ciudad de Sebastopol. «Nuestro presidente sabe cómo sorprender. En el buen sentido. Qué gran líder tenemos», escribió el gobernador. La visita de Putin a la zona no estaba programada, cambiando de planes a última hora y cancelando una videoconferencia preparada para la ocasión.

El presidente ruso pudo visitar la Escuela de Arte y un centro infantil en Quersoneso, en las afueras del puerto de Sebastopol, la principal base de la Flota rusa del mar Negro, ambos levantados por constructores militares y que forman parte de la primera etapa de lo que será el parque histórico-arqueológico Quersoneso Táurico.

No había empezado bien la jornada de ayer para el presidente, con la resaca de las malas noticias llegadas la jornada anterior desde la Corte Penal Internacional. Según su fiscal, Karim Khan, no parecería del todo descabellado ver sentado a Putin en un juicio por presuntos crímenes de guerra. Khan no solo ratificaba ayer con sus palabras la orden dictada, además ponía como ejemplo los juicios de Núremberg, celebrados tras la Segunda Guerra Mundial para que los responsables del Ejército nazi rindieran cuentas, el juicio contra el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic o el proceso judicial llevado a cabo por el genocidio en Ruanda. El mensaje del fiscal quería ser claro, «nadie debe sentir que puede cometer un genocidio o crímenes contra la humanidad con impunidad».

La orden dictada por la Corte Penal internacional, hacía hincapié además en la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas por el Ejército ruso en Ucrania hasta suelo ruso, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal conocido como Estatuto de Roma. Asimismo, la Corte emitía una segunda orden de detención contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.

Pasado más de un año de la puesta en marcha de la ocupación rusa de Ucrania estas han sido las primeras órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional, demandadas por el Gobierno ucraniano y varios líderes mundiales en un primer momento tras hacerse público el descubrimiento de varias fosas comunes en la ciudad ucraniana de Bucha. Al presidente ruso se le han cerrado las puertas de cara a hacer viajes fuera de su país, en una medida calificada por el Kremlin de «indignante, inadmisible» y jurídicamente «nula», ya que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.