La Policía investiga por «traición» a Yoon

El presidente conservador surcoreano, Yoon Suk-yeol, se encuentra acorralado ante una investigación policial por insurrección, un delito que elude la inmunidad presidencial y puede conllevar la pena de muerte en caso de condena, tras su controvertido intento de declarar la ley marcial, medida que fue rápidamente revocada bajo la presión del Parlamento. Esta situación recuerda las crisis políticas del pasado en el país, que ha visto a varios ex presidentes enfrentar juicios tras dejar el cargo, evidenciando la fragilidad de su sistema político.

La indagación se intensifica a medida que surgen testimonios de funcionarios militares y políticos que aseguran no haber sido informados de tales planes. En este contexto, el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, identificado como uno de los proponentes de la medida, presentó su renuncia, mientras el ejército se esfuerza por aclarar su papel en esta crisis. Por otro lado, la fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro del Interior, Lee Sang-min, quien ha sido prohibido de salir del país. Asimismo, el jefe del ejército surcoreano, Park An-su, también ha presentado su renuncia, según reportó Yonhap.

El ejército surcoreano, otrora agente del terror y la violencia en las décadas de 1970 y 1980, ha dedicado años a rehabilitar su imagen, esforzándose por transformarse en una fuerza moderna y disciplinada. Sin embargo, esa percepción se desmoronó el jueves durante el interrogatorio del general Park An-su, quien lideró un breve periodo de la Ley Marcial. En una comparecencia parlamentaria marcada por la incoherencia, reveló la falta de preparación y desorganización que permea a las fuerzas armadas. "No estábamos preparados porque se puso en marcha con mucha prisa y hubo confusión", admitió el jefe del Estado Mayor del Ejército. El general subrayó que no participó en la planificación de la medida; se mostró sorprendido al enterarse de la decisión cuando Yoon la anunció por televisión, lo que pone de manifiesto la desconexión entre la cúpula militar y la ejecución de políticas críticas en un momento de inestabilidad.

Los muros se estrechan cada vez más en torno al acorralado líder surcoreano. Seis partidos de la oposición han formalizado una moción de destitución que será sometida a votación el próximo sábado, acusándolo de "incumplir gravemente la Constitución y la ley". En su fundamentación, argumentan que la decisión responde al “deseo de evadir las investigaciones penales que involucran al presidente y a su familia”. Además, se subraya que la ley marcial fue adoptada “sin cumplir con los requisitos constitucionales previos, tales como la existencia de guerra, insurrección armada o una emergencia nacional de carácter comparable”, conforme se estipula en el documento presentado ante la Asamblea Nacional.

La coalición opositora dispone de 192 de los 300 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que los 108 restantes pertenecen al conservador Partido del Poder del Pueblo (PPP) de Yoon. Para que la moción prospere, se requiere una mayoría de dos tercios. En caso de ser aprobada, Yoon sería suspendido de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre su destitución. Si los magistrados respaldan la propuesta, el mandatario deberá renunciar, lo que obligará a convocar nuevas elecciones presidenciales en un plazo de sesenta días. Sin embargo, para que esto se materialice, la oposición necesitará la deserción de al menos ocho diputados del partido en el poder. El líder del PPP en el Parlamento, Choo Kyung-ho afirmó el jueves que su formación votaría en contra de la propuesta. “Los 108 diputados del Partido del Poder del Pueblo se mantendrán firmes en su rechazo a la destitución”. No obstante, Choo indicó que había instado a Yoon a abandonar el partido, subrayando que la facción “no intenta justificar la inconstitucional declaración de ley marcial del presidente”.

Por su parte, la Confederación Coreana de Sindicatos, la mayor central sindical del país, con aproximadamente 1,2 millones de afiliados, ha convocado una “huelga general indefinida” hasta que Yoon dimita, argumentando que ha “firmado su propia sentencia de muerte política”.

El Partido Demócrata, la principal fuerza opositora, ha anunciado su intención de presentar una denuncia contra el presidente por "rebelión", otro delito que teóricamente conlleva la pena de muerte, aunque esta no se aplica en Corea del Sur desde 1997.

Cuando el exfiscal anunció la imposición de la ley marcial en la noche del martes, la nación asiática quedó paralizada por la incredulidad. Desplegar tropas en la capital, cerrar el Parlamento y silenciar a la prensa evocaba imágenes de épocas pasadas. La justificación: la inminente amenaza comunista de Corea del Norte, presentada como un escudo ideológico. Sin embargo, el intento de consolidar su autoridad fue efímero. Pocas horas después, ante la presión de legisladores indignados y una ciudadanía enardecida, la medida fue derogada. En su afán por proyectar fortaleza, el líder desnudó, en cambio, su propia fragilidad.

Hoy, las calles vuelven a resonar con fuerza. Los ciudadanos, en alineación con la Confederación Coreana de Sindicatos, exigen la dimisión de un presidente al que consideran indigno de su confianza. Incluso su propio partido se ha desmarcado de él. El líder del Partido del Poder del Pueblo, Han Dong-hoon, ha declarado con firmeza: “Es necesario rendir cuentas”, una afirmación que resuena como un anticipo de abandono.

Según una encuesta divulgada el miércoles por la agencia Realmeter, más del 73,6% de los surcoreanos se manifiestan a favor de la petición de destitución, mientras que un 24% se opone y un 2,4% no tiene una postura definida.

Entretanto, observadores señalan que las críticas de un funcionario estadounidense al fugaz decreto de ley marcial del presidente sugieren que Washington no tolerará acciones desestabilizadoras de su cercano aliado en la península coreana. El subsecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell, calificó la breve imposición de la ley marcial de “problemática” e “ilegítima”, en uno de los pronunciamientos más contundentes realizados hasta la fecha.

Por su parte, el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, advirtió que “la situación de seguridad de Japón podría cambiar radicalmente” ante la inestabilidad en Seúl y la creciente asertividad militar de Corea del Norte.