Perú se moviliza contra el indulto a Fujimori

El expresidente de Perú Alberto Fujimori salió de la cárcel este miércoles después de 16 años preso por crímenes contra los derechos humanos y corrupción. Su salida del penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, conmocionó a su país y supuso el último episodio de una larga batalla política y judicial en torno a un líder que sigue suscitando tanta admiración como rechazo en su país. Fujimori, de 85 años, abandonó el penal al filo de las seis y media de la tarde.

El día antes, el Tribunal Constitucional había ordenado ejecutar el polémico indulto que le concedió en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha pronunciado varias veces en contra de su liberación, la última el mismo martes por la noche, las autoridades peruanas decidieron dejarlo finalmente en libertad.

Las cámaras captaron el momento de su salida. Con apariencia frágil, cubierto por una mascarilla y conectado a una bombona de oxígeno, Fujimori abrazó a sus hijos Keiko y Kenji y se subió en el coche en el que viajó con ambos con destino a la casa de Keiko, en el distrito de San Borja.

Su tumultuosa salida del penal, donde una muchedumbre formada por reporteros, cámaras de televisión y simpatizantes dificultó entre empujones y algún momento de tensión el paso del vehículo que transportaba a un Fujimori ya libre, pareció un reflejo de la situación de confusión en la que está sumido Perú. Las encuestas indican que un 85% de los peruanos rechaza a la presidenta Dina Boluarte, que se aferra al poder pese a las protestas que a principios de año le exigieron la convocatoria inmediata de elecciones, que se saldaron con medio centenar de civiles muertos, según informes internacionales por el uso desproporcionado de la fuerza de militares y policías.

En paralelo, el Congreso sufre un descrédito similar, el poder judicial y la fiscal de la Nación libran una guerra abierta, y la economía languidece en una recesión para la que el Gobierno no ofrece soluciones. Tras la liberación de Fujimori han vuelto a convocarse manifestaciones bajo el lema «que se vayan todos».

La salida de Fujimori le ha abierto un nuevo frente a Boluarte. Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, las matanzas perpetradas por militares en el marco de la guerra sucia contra Sendero Luminoso en las que murieron 25 personas y por las que Fujimori fue condenado, pusieron el grito en el cielo por la decisión de liberarlo.

Ya en marzo de 2022, el Constitucional reafirmó la validez del indulto por motivos de salud que le concedió Kuczynski en 2017, cuando necesitaba los votos del fujimorismo en el Congreso para salvar su presidencia, pero entonces el Gobierno de Pedro Castillo acató la resolución de la Corte IIDH que frenó su liberación. Entonces Boluarte era vicepresidenta de Castillo y se mostró en contra de la liberación de Fujimori y solidaria con el dolor de las víctimas.

Pero como presidenta, su Ejecutivo no ha dudado en proceder ahora con la liberación, pese a las voces de juristas y analistas que han advertido de las consecuencias que puede tener para Perú incumplir la decisión vinculante de un tribunal internacional del sistema interamericano de derechos humanos, del que el país forma parte. «Con esta decisión Perú se sitúa en el nivel de incumplimiento de Venezuela y Nicaragua», señaló Diego García-Sayán, exministro de Justicia y ex juez de la Corte IDH.

Pero eso no parece haber pesado tanto para Boluarte como el hecho de que, sin un grupo propio en el Congreso, necesita el apoyo de la bancada fujimorista en el Congreso para mantenerse en el cargo. Pese a que el país hervía en las horas previas a su salida de la cárcel, la presidenta no se refirió a la suerte de Fujimori y dedicó su aparición pública del día a celebrar el reconocimiento del cebiche como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

La figura de Fujimori sigue polarizando a la opinión pública. Para sus admiradores, fue el líder firme que derrotó a los terroristas sanguinarios de Sendero Luminoso y puso orden en una economía sumida en el caos y la hiperinflación; para sus detractores, un político corrupto y criminal que despreció olímpicamente la democracia y los derechos humanos, e implantó un dañino modelo económico neoliberal.

Probablemente, el paso del tiempo ha reducido algo la importancia que le conceden los peruanos, pero las circunstancias de su liberación han vuelto a poner de manifiesto que su familia es una de las más influyentes y poderosas en un país que se ha acostumbrado a vivir en crisis.