El brazo mediático del Ejército ha descrito los sucesos del martes como un “capítulo negro” en la historia de Pakistán. Al menos ocho personas han muerto y más de 1.000 han sido detenidas en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los seguidores del ex primer ministro Imran Khan, espoleados por su abrupta detención después de testificar en el Tribunal Superior de Islamabad por un caso de corrupción inmobiliaria, una de las múltiples causas judiciales en las que está envuelto.

Decenas de miles de partidarios del ex primer ministro salieron a las calles en varios puntos del país para protestar contra las Fuerzas Armadas en cuanto trascendieron las imágenes de su arresto a manos de los paramilitares. Se sucedieron a partir de ese momento los saqueos contra cuarteles, allanamientos de las residencias privadas de los oficiales del Ejército, bloqueos de carreteras y choques entre Policía y manifestantes.

La magnitud de los enfrentamientos ha obligado a los uniformados a mandar refuerzos a la capital, Islamabad, y al Punjab, la provincia más poblada del país. Pero los disturbios no consiguieron su objetivo: forzar la liberación de Khan. El ex primer ministro, destituido en abril del año pasado en una convulsa moción de censura, pasó su primera noche detenido en vela, sin comer y con dolores en el pecho, denuncian sus abogados, que, como él, mantienen su inocencia.

La Oficina Nacional de Rendición de Cuentas había solicitado dos semanas de prisión provisional para Khan. Pero el tribunal sólo ha concedido ocho días. Sus seguidores temen ahora por su estado de salud. El ex primer ministro dice estar aquejado de dolores en el pecho y un golpe en la cabeza, que habría recibido durante su detención. En noviembre, salió casi ileso de un intento de asesinato mientras protagonizaba una marcha multitudinaria para protestar contra el Gobierno de Shehbaz Sharif. Recibió dos disparos en la pierna.

El Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI, por sus siglas), la formación fundada y liderada por Khan, salió en su defensa, sin éxito. El exministro de Finanzas y secretario general de la organización, Asad Umar, también fue detenido en el Tribunal Superior de Islamabad cuando se disponía a presentar un recurso contra el arresto de su jefe de filas, que la formación describe como un “secuestro”.

El PTI denuncia que las más de 100 causas judiciales en las que está implicado Khan tienen motivaciones políticas. Este caso es especialmente sensible. Si finalmente es condenado, el ex primer ministro sería inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos y, por lo tanto, no podría presentar su candidatura para las próximas elecciones, previstas para finales de año, en las que parte como principal favorito para revalidar su cargo al frente del Gobierno.

“Imran Khan se enfrentará a la ley; si es inocente, podrá presentarse a las elecciones. Pero si se le declara culpable, tendrá que afrontar las consecuencias”, declaró en este sentido el actual ministro de Planificación, Ahsan Iqbal, quien rechazó de plano la implicación del Gobierno en la detención: “No hay victimización política. La detención de Khan fue ordenada por la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas en un caso de corrupción, y el Tribunal Superior de Islamabad declaró la detención conforme a derecho”.

Las Fuerzas Armadas han defendido la legalidad de la detención y su actuación ante los disturbios. “El Ejército mostró paciencia y moderación, y ejerció una tolerancia extrema, sin preocuparse siquiera por su reputación, en el interés superior del país”, reza el comunicado, en el que presumen en un tono poco habitual de haber “frustrado” una conspiración: “Somos muy conscientes de que detrás había órdenes, directivas y una completa planificación previa por parte de algunos siniestros dirigentes del partido”.

El Ejército había intentado detener al ex primer ministro en ocasiones anteriores, pero sus seguidores, apostados en todo momento en las inmediaciones de su residencia privada, habían impedido cualquier intervención de las autoridades. Es la prueba que demuestra que Khan, héroe del críquet paquistaní y estrella nacional, es la figura que vertebra la realidad política de Pakistán. Es percibido como la punta de lanza contra la extendida corrupción y, sobre todo, como el único contrapeso al poder hegemónico de las Fuerzas Armadas.

Sus detractores denuncian que también está envuelto en una extensa nómina de casos de corrupción, y señalan su incapacidad a la hora de manejar la economía. También se muestran preocupados por su retórica populista de corte islamista y nacionalista. Estas fueron algunas de las causas que le hicieron perder el respaldo parlamentario que desembocó en su destitución. Khan agravó la crisis política, económica y constitucional que ya sufría el país en sus cuatro años al frente del Gobierno.

Khan fue sustituido hace un año por Shebaz Sharif, miembro de una de las dos dinastías políticas de Pakistán. Es hermano de Nawaz Sharif, el ex primer ministro que durante más tiempo ha ocupado el cargo en la historia de la nación asiática. Sharif colocó como ministro de Exteriores a Bilawal Bhutto Zardari, hijo, a su vez, de la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada en 2007. Es una extraña alianza entre dos rivales históricos que nació con el objetivo de desplazar a un outsider que llegó al poder como candidato anti-establishment en 2018.

Khan ascendió al poder con el empujón de los uniformados. Pero perdió el favor del Ejército por la deriva caótica en la que había sumido a Pakistán.