Obama pone límites al espionaje masivo

Por primera vez desde el 11-S, una ley restringe el poder de la NSA para acceder a las comunicaciones telefónicas.

Cuando hace dos años el contratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés) Edward Snowden filtró los programas secretos de recogida indiscriminada de datos del Gobierno a los ciudadanos, se creó un gran escándalo entre las asociaciones de derechos civiles y la clase política. El director de Inteligencia Nacional, James Clapper, tuvo que comparecer en una audiencia ante el Senado a dar explicaciones. Sin embargo, no ocurrió nada. Nadie estaba cruzando la legalidad. O al menos no se podía probar. Este programa se amparaba en un párrafo confuso de la «Ley Patriota» aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono. En virtud del mismo, el Gobierno estadounidense puede pedir «cosas tangibles», entre las que se incluyen libros, registros, papales y documentos para una investigación sobre terrorismo internacional o inteligencia clandestina.

De esta forma, con la nueva ley aprobada esta semana, por primera vez desde el 11-S, el Congreso limita con una ley las prácticas hasta ahora secretas del Gobierno para investigar a los ciudadanos. Aun así, en la práctica, se podrá continuar con los métodos que han realizado hasta ahora. Pero con más trasparencia. El texto aprobado por los legisladores de ambas cámaras trata de limitar el carácter expansivo del programa Prisma para proteger a los ciudadanos estadounidenses.

La votación del martes dio por terminado un intenso debate de tres días en la Cámara Alta durante el que se puso de manifiesto la división dentro del Partido Republicano. Entre todas las disputas, destacó el momento en que el precandidato presidencial Rand Paul forzó la suspensión de la Ley de Inteligencia el domingo.

Finalmente, se aprobó la «Ley de la Libertad de Estados Unidos», que ya había obtenido la «luz verde» de la Cámara de Representantes con el apoyo del presidente Barack Obama, que la firmó la noche del martes. «La aplicación de esta legislación fortalecerá las garantías de las libertades civiles y proveerá mayor seguridad al público en estos programas», indicó el presidente, quien calificó de «innecesario» el tiempo que la ley ha tardado en ser reformada y de «inexcusable» que ésta expirase durante unos días. Bajo esta nueva norma, el Gobierno de Estados Unidos tendría que dejar de recoger registros de teléfono en masa. En su lugar, serán las compañías de telecomunicaciones las que guardarán esta información, que podrán solicitar las autoridades con una orden judicial. A juicio de los senadores, entre los que destacó el líder de la Cámara Alta, el republicano Mitch McConnell, la votación fue «una sonada victoria para aquéllos que conspiran contra Estados Unidos». El senador esperaba cambiar una ley que restringe de alguna manera los programas de vigilancia de la Administración Obama a sus ciudadanos. A McConnell, sin embargo, le salieron mal los planes. Fracasó en encontrar suficiente tiempo para debatir una legislación diferente que otorgase más libertades al Gobierno federal para controlar a los ciudadanos. Además, en contra tenía a los republicanos de la Cámara Baja, con su líder, John Boehner, a la cabeza; a los conservadores libertarios del Senado liderados por Rand Paul, a los legisladores demócratas y al presidente Obama. Eran demasiados para McConnell, que, por si fuera poco, tenía que estar pendiente de sacar una votación adelante, no importaba cuál, para que no se cuestionase su liderazgo ante una de las leyes más controvertidas de los últimos tiempos.

Pese a todo, el senador republicano planteó varias enmiendas a la Ley de la Libertad que limitarían las reformas planteadas por la Cámara Baja. Finalmente, todas fracasaron. Sólo sirvieron para hacer más grande la grieta entre los republicanos del «establishment» y los libertarios. Lo cierto es que los republicanos no han hecho mucho desde que tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso tras imponerse en la elecciones de mitad de mandato de noviembre pasado. Ni pensar qué ocurriría si en su actual estado de división los conservadores ejercieran el poder también en la Casa Blanca. El desastre de la reforma de la NSA equivale para ellos a una oportunidad desperdiciada de mostrar su capacidad de gobernar. Pero para el país, involucrado en tantas guerras, hay aún más en juego: la seguridad exterior e interior.