Nuevo revés judicial para la política migratoria de Meloni

El plan impulsado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para deportar al país balcánico a los inmigrantes irregulares interceptados en aguas del Mediterráneo sufrió ayer un nuevo revés judicial. El Tribunal de Apelación de Roma rechazó este viernes la detención de 43 migrantes deportados en los centros de detención y expulsión construidos por el país transalpino en Albania.

Los 43 migrantes –35 procedentes de Bangladés y ocho de Egipcio-- habían llegado el martes al puerto albanés de Shenjin a bordo del barco militar Cassiopea, que los había interceptado el día anterior al sur de la isla de Lampedusa junto a otros cinco solicitantes de asilo, cuatro menores y una presunta víctima de trata. Estos últimos fueron trasladados directamente a Italia al tratarse de personas vulnerables.

El jueves, la Comisión Territorial para el Derecho de Asilo rechazó la solicitud de los 43 por ser “infundada”, según informó el Ministerio del Interior. Y aunque, en teoría, todos ellos tenían un plazo de siete días para recurrir la sentencia a la Corte de Apelación, distintas organizaciones humanitarias han denunciado las dificultades a las que se enfrentan estas personas para poder comunicar con los abogados de oficio que les asisten –que se encuentran en Italia- y recibir información de forma independiente sobre su situación legal, lo que pone en cuestión que el país transalpino esté respetando el derecho al asilo.

En cualquier caso, la decisión del Tribunal de Apelación de Roma paraliza los trámites y obliga a las autoridades italianas a devolver a Italia a los 43 migrantes que todavía permanecían en territorio albanés.

Este es el tercer intento de Meloni de deportar a Albania a los inmigrantes irregulares interceptados en su camino a Italia. Los dos primeros intentos fracasaron porque la Justicia no convalidó los envíos. En octubre, el tribunal competente argumentó que ni Egipto ni Bangladés eran países seguros en su totalidad, como contempla una reciente sentencia europea. El Gobierno reaccionó aprobando un decreto que blindaba la lista de países considerados seguros, pero eso no evitó que el Tribunal de Roma rechazara de nuevo retener a un segundo grupo de migrantes y reclamara la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si debe prevalecer lo dispuesto en el decreto del Gobierno o la sentencia emitida por la corte europea.

El Ejecutivo de Meloni modificó entonces la legislación para que sean los jueces del Tribunal de Apelación de Roma y no un tribunal administrativo quien decida sobre si convalidar las detenciones, sin embargo, esta estrategia no ha evitado un nuevo varapalo judicial. En espera de conocer la decisión del TJUE, que se espera para finales de febrero, los jueces volvieron a rechazar convalidar las detenciones.

El fallo supone un nuevo golpe para la estrategia de Meloni, que pretendía utilizar estos centros para externalizar la gestión de la inmigranción irregular y enciende la batalla del Ejecutivo con la magistratura, especialmente después de que la Fiscalía abriera una investigación a la primera ministra y varios ministros por la liberación del jefe de la policía judicial de Libia --país con el que Italia mantiene un acuerdo para controlar la llegada de migrantes--, que había sido detenido en Turín en virtud de una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad.