Los estudiantes afirman que «no tienen nada que ver» con las acciones violentas

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Requesens, ha expresado este jueves su rechazo a "las acciones violentas generadas por pequeños grupos minoritarios que se empeñan en generar violencia y no tienen nada que ver con el movimiento estudiantil".

El movimiento estudiantil ha asegurado que acudieron a la Fiscalía para exigir la liberación de sus compañeros detenidos y, al no ser recibidos por las autoridades, se marcharon de lugar, desmintiendo así las afirmaciones de las autoridades del Ministerio Público que aseguraron que mostraron disposición para reunirse con el gremio estudiantil.

"Una hora después de que nos retiráramos comenzó la violencia de sectores que no estaban en las movilizaciones. Estas acciones empañaron el carácter pacífico de nuestra marcha", ha explicado el dirigente de la UCV, según ha informado el diario venezolano 'El Universal'.

Requesens ha lamentado la muerte de los dos compañeros universitarios caídos durante las manifestaciones y ha exigido al ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Miguel Rodríguez Torre, que investigue los hechos, al mismo tiempo que ha exhortado a las autoridades a que liberen a los estudiantes, unos 30, que todavía siguen presos.

Los atacantes de la fiscalía querían "matar"

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha manifestado este jueves que el objetivo de los que el miércoles se apostaron a las puertas de las Fiscalía era "matar"a quienes se encontraban en su interior.

Ortega Díaz ha anunciado que los 69 detenidos serán puestos este jueves a disposición judicial, quienes decidirán sus suerte. "Vamos a hacer todos los esfuerzos para que se haga Justicia y se mantenga la paz. Tenemos vídeos, grabaciones y fotografías que nos ayudarán a esclarecer los hechos".

La fiscal general, que ha mostrado su apoyo a las tesis golpistas del Gobierno para explicar lo sucedido, no ha especificado las penas que se les imputarán a los detenidos, pero sí ha querido recordar las penas de hasta 30 años para aquellos que sean condenados por delitos de rebelión.