Un camino de tierra rojiza rodeado de vegetación da acceso a la maternidad de la localidad rural de Tenga, en Burundi, donde en unos meses las mujeres podrán dar a luz sin salir de su poblado, lleno de vida, a pesar de las fosas comunes que recuerdan el horror de una guerra ya terminada.

El pueblo, a media hora en coche de Buyumbura, la capital de Burundi, fue uno de los enclaves del país que vivieron con más intensidad la guerra civil que enfrentó a hutus y tutsis durante doce años, desde 1993.

Así lo recuerdan con pesar algunos de sus 10.000 habitantes, de mayoría hutu, que en aquellos años vieron cómo sus vecinos resistieron el embate de los tutsis, al frente del poder político y militar, en unas luchas en las que fallecieron cientos de personas de ambas etnias.

Con el tiempo, la localidad ha ido recobrando vida alrededor de las fosas comunes en las que enterraron a los cadáveres, como se puede comprobar por las caras sonrientes de sus habitantes, muchos de ellos católicos, que hoy lucen sus mejores galas para acudir a la misa del domingo.

Actualmente, una de estas fosas ocupa por casualidad uno de los patios del complejo sanitario donde se enclava la maternidad de Tenga, financiada por la ONG española Manos Unidas, al igual que la residencia que se destinará a los profesionales de la salud que acudan a trabajar allí, al menos tres enfermeras que serán contratadas por el Gobierno.

Todas estas construcciones, ya finalizadas y que ocupan una extensión total de 3.600 metros cuadrados, no se pondrán en marcha hasta dentro de tres o seis meses, cuando se terminen de equipar las instalaciones, en las que ahora mismo sólo hay algunas camas con somieres de madera para los enfermos que requieran hospitalización.

"Creo que la maternidad será muy útil", comenta Francine Kwizerimana, de 21 años, una de las habitantes de Tenga.

Está embarazada de su segundo hijo y, si todo sale bien, dará a luz en cuatro meses, por lo que puede ser una de las primeras mujeres que estrene la maternidad, con capacidad para atender 800 partos al año.

Para tener al primero, un niño de dos años, tuvo que caminar alrededor de 3 kilómetros hasta la localidad vecina de Rubirizi, donde está la consulta médica más cercana.

Otra mujer de la zona, Filote Nibigira, con 30 años y tres niños (dos de 8 y 6 años, y un bebé de 16 meses), cuenta que en su caso también fue andando al mismo centro de salud para dar a luz, por lo que ve con buenos ojos la construcción de la maternidad.

"Estoy muy contenta", dice, mientras a su alrededor un grupo de chicas bromea al comentarle que ya sabe dónde tendrá que acudir si tiene más hijos.

En Burundi la cobertura sanitaria sigue siendo una asignatura pendiente. El gasto en salud en 2012 sólo supuso un 8,1 por ciento del PIB, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), y eso se refleja en las estadísticas que recoge el mismo organismo.

En un país de poco más de 9 millones de personas no llega a haber un médico por cada 10.000 habitantes, y el ratio de camas disponibles es de cerca de dos por cada mil posibles pacientes.

"Tener médico es un lujo", apunta el sacerdote responsable de la organización Cáritas en Buyumbura, Alphonse Ndabiseruye, que añade que los doctores suelen encontrarse en los grandes hospitales, pero no en los ambulatorios de localidades rurales como Tenga.

Este panorama, unido a la fuerza de las costumbres, hace que casi un tercio de las mujeres de Burundi prefieran dar a luz a sus hijos en casa con la ayuda de las comadronas y que no acudan a los centros de salud hasta la fase final del embarazo.

"Eso hace que pueda aumentar el riesgo de aborto", señala la enfermera Mukeramana Goreth, que actualmente trabaja como supervisora de Sanidad en la diócesis de Bubanza, próxima a Tenga.

Para hacer tomar conciencia a las futuras madres de los problemas a los que se enfrenta con el embarazo, considera que la sensibilización es una de las tareas fundamentales.

La educación en salud no sólo ayuda a fomentar la supervisión durante los embarazos, sino que por el momento también es el recurso más eficaz para evitar la propagación del SIDA y, sobre todo, de la malaria, una enfermedad que afecta a algo más del 8 por ciento de la población, según la OMS, y que ya se ha convertido en un mal endémico.