La UE y Londres pactan dos años de transición tras el Brexit

Reino Unido cede y acepta pagar la factura del divorcio, respetar la libre circulación de personas y aplicar la legislación europea sin participar en la toma de decisiones.

Reino Unido vuelve a plegarse a las exigencias comunitarias con algunos tantos a los que la delegación británica se agarraba como un clavo ardiendo. Ayer, los Veintisiete y Londres llegaron a un acuerdo sobre el periodo de transición tras el Brexit después de haber estado negociando intensamente durante todo el fin de semana y justo a tiempo de recibir la luz verde de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebrará este jueves y viernes en Bruselas.

Un nuevo acuerdo in extremis que consigue disipar, al menos en parte, el temor a un Brexit abrupto tras el portazo británico previsto para el 29 de marzo de 2019 y que ha devuelto el optimismo a los mercados financieros. Londres ha transigido y habrá un periodo de transición cerrado de tan sólo 21 meses. En un principio Downing Street pedía dos años y después incluso llegó a solicitar una duración indeterminada, según fueran evolucionando las negociaciones de la futura relación con los Veintisiete, ante el temor de quedar al borde del precipicio y el pánico que esto podría ocasionar en las empresas que operan a ambos lados del Canal de la Mancha.

Tras conocerse la noticia del acuerdo entre Londres y Bruselas, la libra esterlina sufrió un apreciación de un 0,75% en su cotización frente al euro. Antes de conocerse la noticia sobre la luz verde a las negociaciones entre Londres y los Veintisiete, el cambio era de 1,1349 por divisa británica. «El periodo de transición permitirá a las empresas invertir y seguir operando con seguridad mientras se negocia la relación futura entre Reino Unido y la UE», explicó el negociador británico y ministro para el Brexit, David Davis, sabedor de la incertidumbre que pesaba ante la falta de acuerdo.

Euforia en los mercados

A pesar de la euforia en los parqués, los todavía socios de Reino Unido se han mantenido firmes en sus principios en la mesa de negociación. Durante este tiempo, Londres deberá seguir cumpliendo con las normas comunitarias sin tener ya ninguna representación en las instituciones europeas que le permitan moldear la legislación comunitaria y cumpliendo las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, la bestia negra de los «brexiters». Todo indica que Londres abandona su estrategia de confrontación e intenta presentarse como un futuro socio fiable de cara a las negociaciones más complicadas: la de la futura relación. Estos 21 meses serán un periodo de gracia que permitirán poner toda la carne en el asador para asegurarse un buen acuerdo sobre lo que más importa.

Pero aunque los Veintisiete parecen estar ganando la partida a Londres, se cumple la máxima de todo acuerdo internacional de que «nada está acordado hasta que todo lo esté». Y, mientras, cualquier texto provisional sigue cogido con alfileres y pendiente de un tema de difícil solución: la frontera en el Ulster tras la salida de Reino Unido de la UE. Las dos partes parecen decididas a evitar una frontera dura entre las dos Irlandas que ponga en peligro el Acuerdo de Viernes Santo. Pero la solución mágica no llega. Como modo de dar una patada hacia delante, los Veintisiete y Londres han acordado incluir en el acuerdo de salida un respaldo legal por el que Irlanda del Norte seguiría de facto en el mercado único y en la unión aduanera a través del eufemisno denominado «alineación reglamentaria». Esta posibilidad ya fue planteada en el acuerdo político del mes de diciembre, pero enfurece a los socios unionistas norirlandeses del Ulster y aboca a Irlanda de Norte a convertirse en una suerte de protectorado europeo en suelo británico una vez consumado el Brexit.

Londres no puede asumir esta solución a no ser que reconsidere su relación futura con los Veintisiete y opte por permanecer en el mercado común y la unión aduanera. Irlanda se ha convertido en un tema tóxico que puede hacer descarrilar lo conseguido hasta ahora. Las dos partes lo saben e intentan ganar tiempo con esta solución transitoria.

Bruselas aprieta, pero no ahoga. Aunque los Veintisiete pretendían inicialmente que Reino Unido durante este periodo de tiempo de 21 meses siguiera cumpliendo las nuevas normas europeas que fueran entrando en vigor, se ha llegado a una especie de pacto de caballeros. Londres, aunque de facto será un país tercero con acceso al mercado común, podrá solicitar quedar exento de ciertas nuevas legislaciones que afecten a sus intereses. Aunque aún se desconoce cómo operará esta cláusula, se da por supuesto que, en un periodo de tan sólo 21 meses y debido a la lentitud del proceso legislativo comunitario, las posibilidades de choque serán mínimas y que Londres no se verá obligado a recurrir a este mecanismo.

Además, Bruselas consultará a Londres cualquier acuerdo sobre la pesca, prácticamente como si siguiera perteneciendo al bloque comunitario. Para Davis, estos logros suponen la munición necesaria para poder dar explicaciones al otro lado del Canal de la Mancha y convencer a los hooligans del «Brexit duro» de su propio Gabinete de que Reino Unido está actuando con astucia. Londres, según el negociador británico, tendrá durante estos meses «un mayor control sobre las nuevas leyes, acuerdos comerciales y migración».

En efecto, hay algunas razones para el consuelo. Bruselas también ha aflojado su postura inicial sobre las negociaciones que Reino Unido podrá llevar a cabo con países terceros para la puesta en marcha de acuerdos comerciales, ya que la política comercial es una competencia exclusiva de la UE. Durante este periodo transitorio, Londres podrá negociar a incluso firmar estos acuerdos (no tendrá que pedir permiso a los Veintisiete, tal y como se exigía con anterioridad), pero la entrada en vigor deberá postergarse hasta el final del periodo de transición. En la práctica parece difícil que Londres pueda ultimar pactos en un tiempo tan breve.

Bruselas también ha conseguido marcar otro gol en los derechos de los ciudadanos europeos que viven al otro lado del Canal de la Mancha y viceversa. Londres pretendía que tan sólo los que llegaran antes de la consumación del divorcio pudieran conservar los mismos derechos que hasta ahora y optar al estatuto de «asentado», la nueva fórmula legal que Reino Unido ha encontrado para referirse a los residentes de larga duración comunitarios. Al final, todos los que lleguen durante el periodo de transición conservarán todos sus derechos

Por lo demás, pocas novedades. Reino Unido pagará la factura de salida, aunque el montante exacto sigue sin conocerse (la cifra estará comprendida entre los 45.000 y los 55.000 millones de euros) y continúa sin haber acuerdo sobre qué tribunal dirimirá posibles conflictos entre Reino Unido y los Veintisiete una vez consumado el Brexit.