La Justicia estrecha el cerco sobre la familia Kirchner

Acusados de prevaricación Cristina Fernández y su hijo Máximo

Por segunda vez en menos de tres semanas, la Justicia argentina decidió actuar sobre el entorno y los negocios de la ex presidenta Cristina Fernández, acusándola ahora del presunto delito de enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público. El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que la ex jefa de Estado y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, fueran imputados al considerar que existen pruebas de que cometieron irregularidades como dueños de la sociedad inmobiliaria Los Sauces.

La investigación del fiscal sostiene que Fernández y su hijo alquilaban viviendas propiedad de Los Sauces únicamente a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, ambos allegados a su esposo y ex mandatario Néstor Kirchner, fallecido en 2010. La sociedad investigada por la Justicia está radicada en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, donde Fernández decidió vivir tras dejar la Presidencia en diciembre de 2015.

La denuncia que terminó con la imputación de Cristina y Máximo Kirchner fue impulsada por la diputada Margarita Stolbizer. La investigación sostiene que entre 2007 y 2008 Los Sauces no realizó operaciones inmobiliarias, pero que en 2009 concretó inversiones por nueve millones de pesos (cerca de 547.000 euros). Ya en 2012 las operaciones con inmuebles y terrenos superaron los diez millones de pesos, siempre a partir de vínculos con las empresas de Báez y López. La denuncia asegura que el pago que las compañías realizaban a Los Sauces no era otra cosa que «una devolución de favores» por contratos de obras de infraestructura y licencias de negocios que obtuvieron ambos empresarios. «Los Kirchner no se quedaban con la plata para hacer política, sino para ellos», explicó Stolbizer a la Prensa.

«Me pueden citar veinte veces más, me pueden meter presa, pero lo que no pueden hacer es hacerme callar y evitar decir lo que pienso», declaró Kirchner el 13 de abril, cuando convirtió su primera declaración judicial tras dejar la Casa Rosada en un acto político. Ese día, Fernández de Kirchner declaró su inocencia en un caso de presuntas maniobras ilegales en la venta de dólares del Banco Central. Frente a miles de seguidores, aseguró que es perseguida por la Justicia y el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri. «Es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela, además, la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de ‘plantar’ a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad». El Ejecutivo prepara también la presentación de una ley que contemple la figura legal del arrepentido en casos de corrupción para destapar nuevos casos y acelerar su investigación.

La ex presidenta de Argentina está involucrada en otras dos causas. una denuncia asegura que formó parte de una red de lavado de dinero proveniente de contratos de obras públicas. Otra, por el mismo delito, indica que junto a su esposo alquilaba hoteles a empresas o personas que nunca concretaban su alojamiento.