La demanda principal que marca la elección presidencial peruana es la referida al tema de seguridad ciudadana. De hecho, fue una de las materias sobre las cuales giraron los debates presidenciales entre los candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori y a la hora de votar, casi todos los electores piden «mayor seguridad». No es para menos, en los últimos años los índices de inseguridad han crecido imparablemente. Pero no se trata sólo de números fríos: en las últimas semanas la población se ha conmovido con la noticia del asesinato de jóvenes universitarios, quienes eran baleados por delincuentes en su intento por robarles su móvil.

Ésta es una de las razones por las que un gran sector de la población se inclina en opinar que el país necesita un Gobierno de «mano dura» que acabe con el crimen y la delincuencia. Una de las principales propuestas de Kuczynski en esta materia era la acumulación de penas a los sentenciados por violación, matanzas y corrupción. Actualmente, en Perú la pena no es acumulativa y muchos sentenciados no llegan a tener prisión efectiva. Keiko Fujimori, por su parte, ha sido más radical y ha propuesto declarar en estado de emergencia el país y sacar a las Fuerzas Armadas a resguardar las instituciones públicas y las ciudades. Lo cierto es que Keiko, en contra de lo que hizo en la primera vuelta, ha retomado el discurso de «mano firme», a pesar de que muchos podrían asociar este relato a los años de guerra sin cuartel de su padre. Kuczynski «no tiene las cosas claras, no tiene la mano firme para luchar contra este flagelo. «A mí no me va a temblar la mano. Tengo los pantalones bien puestos», aseveró.

Un tema que se coló con fuerza en el tramo final de la campaña electoral fue el del narcotráfico. La Prensa informó sobre la investigación que realiza la agencia antidrogas de EE UU, la DEA, al secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y eso trajo el recuerdo del vínculo del padre de Keiko con los principales narcotraficantes durante los años que fue gobernante. Los medios peruanos recordaron los últimos días el proceso judicial que se realizó al narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias «el Vaticano», quien en varias ocasiones reveló los pagos que le hizo a Fujimori y a Vladimiro Montesinos para poder operar con tranquilidad. «Si yo llegué a ser grande fue porque Fujimori y Montesinos me apoyaron a cambio de un monto mensual, de 50.000 dólares. Me hice grande durante el Gobierno de Fujimori. Perú fue un narcoestado en esa época. Narcoestado porque fue con ayuda del Ejército que en enero de 1990 iniciamos la construcción de la pista de aterrizaje en Campanilla (en San Martín) y el 15 de marzo comenzó a funcionar y empezaron a entrar las avionetas (para recoger la droga con destino a Colombia). Fueron los militares los que me facilitaron el rodillo y el cargador frontal para construir la pista. Además, los soldados de la Base de Punta Arenas, con autorización de sus jefes, me ayudaban a subir la droga a las avionetas. Los militares obedecían a Montesinos. Fujimori tenía pleno conocimiento de las narcoactividades y eso aparece también en documentos desclasificados de EE UU», dijo el «Pablo Escobar peruano» en una reciente entrevista. Esto originó que adicionalmente además del «no a la corrupción», las manifestaciones contra el fujimorismo tengan una nueva frase: no al narcoestado. Perú sigue siendo uno de los principales productores de coca en el mundo, lo que pone al país en una posición de vulnerabilidad permanente frente al flagelo del narcotráfico.