Luisa Ortega Díaz, la chavista que mortifica a Maduro

Luisa Ortega Díaz asegura que Venezuela se ha convertido en un «estado de terror». El Gobierno la considera una traidora y quiere juzgarla. La fiscal, que no reniega de Chávez, pero sí del sucesor, teme por su vida.

para el chavismo es una «bestia negra», y para la oposición, esperanza. Y es que a veces, «las heroínas» visten de traje y corbata pero también esconden «esqueletos en el armario». La fiscal general, Luisa Ortega, es casi la única voz disidente frente al discurso del oficialismo desde dentro del Estado, la misma que en apenas unos meses alertó de una ruptura del orden constitucional, rechazó la Asamblea Constituyente, admitió el descontento social por la escasez de productos básicos y confirmó que varios manifestantes murieron por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por las Fuerzas de Seguridad. Su última gesta: desconocer las sentencias del Tribunal Supremo y una declaración que sentó como una declaración de guerra en el Gobierno al decir que en Venezuela «está desmantelado el Estado de Derecho» y que rige un «Estado de terror».

Como respuesta a este enemigo interno, la corte chavista mermó sus poderes, traspasándoselos al defensor del pueblo, Tarek William Saab, acusado de ser «un fiel servidor» de la causa oficialista. Además, congeló sus cuentas, le prohibió viajar y la llamó a filas para decidir el próximo martes si la enjuicia en un proceso que pareciera ya estar resuelto de antemano. Ni siquiera «su currículo chavista» podrá blindarla.

La fiscal general de Venezuela fue ratificada en su puesto por la Asamblea Nacional en 2014 hasta 2021. Ya había ejercido el cargo durante el mandato 2007-2014. Nació en la ciudad de Valle de la Pascua, estado de Guárico, que es abogada por la Universidad de Carabobo y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Santa María. Es especialista en Derecho Procesal y Penal.

Esta semana solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a todos los trabajadores del Ministerio Público ante el riesgo de medidas en su contra después de que el vicepresidente, Tareck El Aissami, la acusara de dirigir un golpe de Estado contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Actualmente tiene 17 escoltas a su cargo, algunos de ellos del SEBÍN –la Policía secreta– y otros de la inteligencia del Ejército. Hace más de un mes que cambiaron parte de su personal de seguridad, lo que le generó malestar, pero hasta el momento no usa seguridad privada. Hace días ha dicho que hace responsable a Maduro de cualquier ataque que pueda sufrir ella o su familia.

Sus guardaespaldas la definen como una persona de clase media y retraída, y cuentan esta anécdota: «Una vez fue a una panadería y cuando la gente empezó a aplaudirla se bajó el sobrero, se puso las lentes y salió rápidamente del establecimiento». «Antes nos movíamos por el país con un avión privado pero ahora el Supremo lo ha confiscado, e incluso investigan los vuelos por si hubo alguno privado para poder abrir otra causa», afirma personal cercano a la fiscal.

Otras fuentes de su entorno que no quieren ser identificadas aseguran a LA RAZÓN que Ortega «es una profesional muy preparada y apreciada entre sus trabajadores». Cuando preguntamos entre distintos abogados nos confirman que su institución, el Ministerio Público, «tiene fuerza». «De hecho, en su oficina no hay fotos de Hugo Chávez como en cualquier otro ministerio. Tampoco hay fotos de Nicolás Maduro. Apostó mucho por profesionalizar su entorno. Ha creado un laboratorio criminalista y manda habitualmente a sus funcionarios a Colombia para que puedan cursar e instruirse».

Sin embargo, la figura de Ortega Díaz es «misteriosa y paradójica». Sobre «la dama de hierro venezolana» pesan decenas de señalamientos acerca de su parcialidad política a favor del chavismo. Por eso sorprende que se animara a denunciar que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular el Parlamento es una «ruptura del orden constitucional». El primero de «sus grandes órdagos» contra Maduro.

La fiscal está casada con Germán Ferrer, diputado del Gran Polo Patriótico, coalición de partidos políticos y movimientos sociales de Venezuela que apoyan la Revolución bolivariana y quien también ha criticado la Constituyente. Su hermano es Humberto Ortega Díaz, quien participó junto a Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y ocupó diferentes cargos, incluyendo el directorio de la extinta Cadivi, el organismo encargado del cambio de divisas.

Desde la Fiscalía General ha defendido de manera fervorosa la detención de Leopoldo López y de todos los presos políticos. De hecho, ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones contra los líderes de las protestas de 2014 lideradas por estudiantes y el dirigente político Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.

Fuentes de la fiscalía consultadas y que, una vez más, prefieren guardar el anonimato, aseguran que cuando en 2014 quemaron las instalaciones donde su personal se encontraba trabajando, los rumores se extendieron. Las versiones preliminares apuntaron a Leopoldo López y a un grupo de manifestantes radicales como los autores. La fiscal habría obrado en consecuencia aunque posteriormente, en el juicio, nunca pudo probarse que el incendio existiera. Y mucho menos, que fuera comandado por el líder de Voluntad Popular.

Hace aproximadamente un año y medio, Lilian Tintori, la esposa del disidente López, acudió a su despacho y Ortega Díaz designó a uno de sus fiscales de confianza, quien se encargó de mejorar las condiciones de visita en la cárcel de Ramo Verde. Es aquí cuando empezó «una guerra fría» entre la fiscal y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Desde entonces, el frente de batalla sigue abierto.

En el otro lado también tiene enemigos. Ortega es uno de los funcionarios sancionados por el Senado estadounidense por estar involucrados en violaciones de derechos humanos y en la represión de esos días que dejaron un saldo oficial de 43 muertos. En varias intervenciones ha acusado a la CIA de orquestar operaciones en la sombra para desestabilizar el poder que impera en el Palacio de Miraflores, lugar en el que ahora contradictoriamente, no es bienvenida.

Y como fiscal ha estado al frente de casos famosos, como aquel que acusaba a los miembros de la ONG Súmate –entre ellos, la hoy líder opositora María Corina Machado– de conspiración contra la nación y de recibir dinero espurio.

Cuando se le pregunta si es chavista, Ortega Díaz lo niega rotundamente. «No milito en ninguna organización política. No lo he hecho nunca, porque la Constitución me lo prohíbe. Pero no sólo por eso, sino que nunca he militado». Sin embargo, agrega: «Pero considero que el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez».

Nelson Praga, el analista de la universidad Católica, cree que «el papel de ella es el de sacar al país de esa polarización de conmigo o contra mí, en un momento en el que se necesita que las instituciones respondan y no haya división de poderes. Se ha convertido en una de las pocas voces coherentes en el país y eso asusta al Gobierno de Maduro. No se lo esperaba».

Ortega representa a ese núcleo militante –aunque no lo reconozca–, que añora los tiempos de Chávez y que no está de acuerdo con el rumbo actual que esta tomando el Ejecutivo. Considera que Maduro está radicalizando su gestión y que a la vez sus allegados, como Cabello y el vicepresidente Tareck El Aissami, están cruzando líneas rojas de difícil retorno. La fiscal prefiere dar un paso al costado y salvaguardar su nombre de cara a tiempos venideros.