América Latina

La Justicia de Perú archiva el proceso contra Fujimori por esterilizaciones forzadas

En el segundo mandato presidencial, el Gobierno implementó un programa que realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas, la mayoría quechua de comunidades campesinas

El expresidente de Perú Alberto Fujimori
El expresidente de Perú Alberto FujimoriEuropa Press

La Justicia de Perú confirmó la anulación de la acusación penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas, al rechazar una apelación del Ministerio Público, informaron medios locales este sábado

La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria confirmó en una resolución la decisión de anular el "auto de apertorio de instrucción" del caso, y deja así sin efecto lo avanzado entre 2021 y 2023. El Poder Judicial desestima así la apelación que había interpuesto el Ministerio Público contra la resolución de primera instancia, adoptada en diciembre de 2023.

La decisión judicial fue emitida el 22 de julio, pero fue notificada recientemente y ratificó que el caso regrese a la etapa de presentación de la denuncia penal por parte de la Fiscalía.

Durante el segundo periodo de Gobierno de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Ejecutivo peruano implementó su Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que realizó esterilizaciones a más de 200.000 personas, la mayoría quechua hablantes, de comunidades vulnerables y campesinas.

Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de a Fujimori, entre los responsables, a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.

A inicios de diciembre de 2023, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido para ampliar la denuncia por el caso de esterilizaciones forzadas, declaró nulo el proceso que comenzó en 2021 y lo regresó a la etapa de octubre 2018. La petición fiscal incluía más información y más víctimas que sufrieron estas intervenciones, por lo que el rechazo a esta ampliación generó el repudio por parte de organizaciones sociales.