La Justicia británica falla que Ruanda "no es un país seguro" para enviar a inmigrantes

El Gobierno de Rishi Sunak recibió ayer un fuerte varapalo después de que la justicia británica declarara ilegal su controvertido plan para deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen por rutas irregulares. El magistrado que preside la Corte de Apelación, Ian Burnett, recalcó que “las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo”.

A finales del año pasado, el Tribunal Superior dio luz verde a la que sin duda es la medida más controvertida de la era post Brexit, pero los afectados -respaldados por diferentes ONG como el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR)- recurrieron y ahora les han dado la razón. Aunque el fallo estuvo dividido entre los jueces -dos frente a uno-, la conclusión final es que la política de Ruanda es contraria al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos: “Nadie será sometido a tortura o a cualquier castigo o tratamiento degradante e inhumano”. La batalla no obstante continúa, ya que el Gobierno ha avanzado que recurrirá ahora al Tribunal Supremo.

Desde que se presentó el polémico plan migratorio ha habido todo tipo de batallas legales y críticas. Y ya no solo por parte de todos los partidos de la oposición, que lo consideran “inviable", "inmoral" y "poco ético". Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, llegaron a enviar una carta al diario "The Times" en la que denunciaban una práctica "que debería avergonzarnos como nación".

Con todo, con una inflación disparada y huelgas continuas en el Sistema Nacional de Salud pública -que atraviesa la peor crisis de su historia- Sunak no está dispuesto a cambiar de postura consciente de la carga política que tiene para su electorado cuando queda solo un año para la próxima cita con las urnas.

Más de 45.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones el año pasado por el Canal de la Mancha hasta las costas británicas. Comparado con otros países europeos, no es desmesurado. Pero en la Global Britain pos-Brexit son cifras cargadas de simbolismo ya que durante la campaña del histórico referéndum de 2016, los euroescépticos repitieron cuál mantra la importancia de recuperar “el control de las fronteras”.

El 14 de junio del año pasado debía haber salido el primer avión rumbo a Ruanda. Pero solo 30 minutos antes del despegue, se quedó sin pasajeros gracias a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de una corte que nada tiene que ver con la Unión Europea y a la que Reino Unido sigue dando cuentas al ser miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos. El núcleo duro del Partido Conservador presiona ahora para que en el manifiesto para las próximas generales se plantee un referéndum sobre la salida de este organismo.

Fue precisamente para contentar al núcleo duro de su filas por lo que el pasado mes de abril el Gobierno presentó una enmienda al polémico Proyecto de Ley de Migración Ilegal que se está tramitando ahora en Westminster para que los ministros puedan decidir de modo discrecional si obedecen o no una orden de suspensión de deportación que proceda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En una carta mandada a las filas 'tories', la ministra de Interior reconocía que existe “algo más de un 50%” de que “las disposiciones de la nueva ley sean incompatibles con los derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos”. “Estamos poniendo a prueba los límites, pero confiamos en que el nuevo texto sea compatible con el derecho internacional”, matiza en la misiva.

El Gobierno británico ha pagado al país africano 140 millones de libras para que albergue a los inmigrantes. Downing Street argumenta que, si bien Ruanda fue escenario de un genocidio que mató a más de 800.000 personas en 1994, desde entonces se ha forjado una reputación de estabilidad y progreso económico. Pero los críticos denuncian que la estabilidad se logra a costa de la represión política.