En el día internacional contra la pena de muerte, Amnistía Internacional presiona para que Malasia cumpla su promesa de abolir la pena capital

Hoy es el día internacional contra la pena de muerte. La mayoría de los países del mundo, más del 70% ha abolido la pena capital de sus leyes y prácticas. En la última década, Burundi, Togo, Gabón, Letonia, Bolivia, Congo, Fiji, Madagascar, Surinam, Benín, Nauru, Guinea y Kenia se han sumado a los estados que erradicaron las ejecuciones de sus códigos penales. España, por cierto, la abolió en su totalidad en 1995.

Según cifras de Amnistía Internacional (AI), los diez países que en la actualidad más ejecuciones llevan a cabo son (en orden) China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam. Irak, Egipto, Estados Unidos, Japón, Pakistán, Singapur y Somalia.

Aunque desde esta organización destacan además el preocupante caso de Malasia. A través de un completo informe, “Defectos fatales: por qué Malasia debe abolir la pena de muerte”, exponen las excesivas condenas a muerte por delitos relacionados con drogas así como torturas para obtener “confesiones”, el acceso inadecuado a asistencia letrada, el opaco sistema de indultos y otras violaciones graves del derecho a un juicio justo, que hacen más fácil que las personas terminen en el corredor de la muerte.

El informe de AI pone de manifiesto que el 73% de las personas en espera de ejecución (930) han sido condenadas a muerte por delitos de drogas, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, más de la mitad de los reos (478) son extranjeros.

Shamini Darshni Kaliemuthu, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Malasia, explicó que “nuestra investigación reveló un patrón de juicios injustos y ahorcamientos secretos que habla por sí solo”. Asimismo, Shamini Darshni Kaliemuthu indicó que existen denuncias de tortura y otros malos tratos así como un proceso de indultos opaco, “es evidente que la pena de muerte representa una mancha en el sistema de justicia penal malasio”.

La pena capital sigue en vigor para castigar 33 delitos en Malasia y según advierten en AI es preceptiva para 12 delitos. En los últimos años se ha utilizado en condenas por asesinato y tráfico de drogas.

“Malasia tiene una oportunidad de oro para romper con décadas de crueldad e injusticia, infligidas de manera desproporcionada a algunas de las personas más marginadas”, declara la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Malasia.

El nuevo Gobierno de Malasia, elegido el año pasado, anunció que revocaría la pena de muerte para todos los delitos, después de la suspensión de las ejecuciones que había declarado en julio de 2018. Con todo, está previsto que este mes el Gobierno presente una legislación que eliminaría únicamente la pena de muerte preceptiva, y solo para once delitos, lo que dista mucho de la abolición absoluta.

Según informan medios locales, la actual ley condena a muerte en 11 delitos: asesinato, robo armado, empezar una guerra contra el rey, posesión y uso armas de fuego.

Promesa electoral

La abolición de la pena de muerte fue una de las promesas del Pakatan Harapan (PH), liderado por el primer ministro Mahathir Mohamad, que ganó las elecciones en mayo del año pasado.

La asociación de Malasios contra la Pena de Muerte y la Tortura (Madpet) ya denunció el mes pasado que se estaba tardando mucho en abolir la prometida pena de muerte. Y es que en octubre del año pasado, el Gabinete anunció que iba a revocar la pena de muerte, y sin embargo, en marzo, cambiaron de parecer.

Hace justo un año (en pleno Día mundial contra la Pena de Muerte), ”el Gobierno alcanzó un consenso para que la pena capital para 33 delitos fuese abolida, y así se reiteró varias veces”, se quejan desde Madpet. Pero en marzo decidieron que solo eliminarían la pena de muerte obligatoria para nueve delitos del Código Penal y dos bajo la ley de tenencia de armas.

AI demanda a las autoridades malasias que mantenga la suspensión de las ejecuciones hasta que la pena de muerte sea completamente abolida y que usen la legislación anunciada para revocar la pena de muerte preceptiva para todos los delitos, incluido el de tráfico de drogas.

También denuncian que de las 1.281 personas en el corredor de la muerte, 568 son extranjeras (el 44%) “y encuentran graves obstáculos para acceder a la asistencia consular y los servicios de interpretación”.