¿Por qué protestan en Chile? Las claves de una revuelta inesperada

Las desigualdades sociales en Chile han generado “un fuerte malestar de fondo, oculto y reprimido que de repente aparece a borbotones”

Las protestas en Chile han dejado más de 10 muertos y han llevado al Gobierno del conservador Sebastián Piñera a activar el estado de emergencia y a implantar un toque de queda en la capital y otras ciudades. La causa del estallido fue la subida del precio del metro, pero ante la magnitud de la respuesta popular el Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás y dejar las tarifas como estaban.

Entonces, ¿por qué siguen las protestas? El profesor emérito chileno de la Universidad de Oldenburg (Alemania) Fernando Mires asegura que en su país existe un “fuerte malestar de fondo, oculto y reprimido que de repente aparece a borbotones”. A su juicio, ese malestar viene provocado por las fuertes desigualdades sociales que generan “privilegios solo al alcance de unos pocos, lo que termina generando un resentimiento social en la vida cotidiana del país”.

En la teoría, Chile sería ese “oasis” al que se refirió el presidente Sebastián Piñera recientemente al compararlo con otros países de la región. Chile tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina (superior a 20.000 dólares), pero muchas familias se tienen que endeudar para disfrutar de servicios básicos como la educación.

El sistema de pensiones, diseñado bajo la dictadura de Pinochet, no asegura una cantidad “digna” para los trabajadores que se jubilan. La sanidad está regida por un sistema mixto y según reconoció el propio Piñera en 2018, “más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello”.

El profesor Gilberto Aranda, de la Universidad de Chile, es categórico al decir que “en Chile lo público es visto como el lugar de los pobres, el lugar donde acuden los que no tienen dinero para pagar la salud o la educación privada. Chile es un país con muchos recursos, rico, con el mayor ingreso per capita de la región, pero con una mala redistribución social”.

La particularidad de esta protesta es que no tiene una cabeza visible. “No existe un líder al frente, ni un sindicato ni un partido político. No hay una estructura. Lo comparo al movimiento de indignados en España. También tiene un parecido con los chalecos amarillos en Francia. Son movimientos que nacen con fuerza pero se diluyen pronto. Lo que aún no sabemos es qué herencia dejarán”.

Sobre la responsabilidad del gobierno de Piñera, Mires asegura que éste ha actuado “con impericia” y “ha demostrado poco tacto” al sacar al Ejército a las calles. También acusa a los partidos de izquierdas de “falta de alternativas, de ideología y de conducción”.

Sergio Bitar, ministro con Salvador Allende, Ricargos Lagos y Michelle Bachelet, cree que esta protesta “va a cambiar la política chilena de aquí en adelante”. Reclama primeramente la instauración del orden público y en segundo lugar un proceso que desemboque en un pacto social que contribuya a reducir “las enormes desigualdades y a frenar el deterioro de los servicios básicos como la educación, la seguridad ciudadana y la sanidad”.

Bitar se muestra escéptico porque no cree que “la necesaria reorientación de la política y la economía” chilenas se puedan alcanzar en estos momentos. “Este Gobierno es muy distante, es una élite que ha perdido el contacto con la gente, pero aún así hay que iniciar un debate nacional”. Pese al desprestigio de los partidos políticas chilenos, Bitar considera que la única manera de avanzar es mediante un diálogo y una capacidad de negociación que evite la anarquía y el autoritarismo.

“El estallido violento ha alcanzado cotas no vistas durante el periodo democrático chileno”, asegura a LA RAZÓN el que fuera ministro de Educación, “pero no es un fenómeno nuevo. Durante el primer gobierno de Bachelet se produjo un movimiento indígena y protestas estudiantiles”, añade.

Bitar cree que Chile “ha avanzado poco” y cita, entre los logros conseguidos en el período democrático, la disminución del índice de pobreza, que ha pasado del 45% a situarse por debajo del 10%. También habla de los avances hacia la gratuidad de la Educación Superior, pero asegura que “sólo un tercio tiene acceso a ella porque tiene un coste muy alto”.