Meloni mantiene los puertos cerrados a los barcos de las ONG

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni abrió de nuevo la guerra contra los barcos de rescate de las ONG que operan en el Mediterráneo y que en el pasado enfrentó a Roma con París, Berlín y Madrid. Las autoridades italianas autorizaron ayer el desembarco de los 89 migrantes a bordo del barco «Rise Above», de la ONG alemana Mission Lifeline, en el puerto italiano de Reggio Calabria, al considerar que el rescate se produjo en zona SAR de Italia. «Estamos aliviados de que la espera en alta mar haya terminado porque la situación a bordo se había vuelto cada vez más crítica», celebró la responsable de la organización humanitaria, Hermine Poscmann. Sin embargo, Italia no autorizó el desembarco de los náufragos a bordo de otros dos barcos humanitarios y solo permitió que pudieran bajar a tierra las personas que necesitaban asistencia sanitaria urgente.

Ante el rechazo de las autoridades italianas, el buque de la organización SOS Méditerranée, que esperaba desde hace días frente al puerto de Catania, se dirigió a la isla francesa de Córcega para desembarcar a 234 inmigrantes, entre los que se encuentran 40 menores no acompañados, que fueron rescatados hace casi tres semanas en el Mediterráneo central. «Tenemos la intención de pedir a Francia un puerto seguro», avanzó el representante de la organización, Alessandro Porro. Una solicitud de auxilio a la que París respondió a última hora de ayer, confirmando que la nave podrá desembarcar en Marsella. Una decisión que Salvini celebró en las redes sociales. «El viento está cambiando», escribió.

Este fin de semana, el Gobierno italiano firmó un decreto que autoriza a bajar de los barcos de rescate solo a las personas consideradas vulnerables, en la mayoría de los casos, mujeres, niños y enfermos. Un desembarco selectivo que las autoridades europeas así como distintas organizaciones humanitarias denunciaron por considerarlo contrario al derecho internacional marítimo.

«Si vas y vienes entre las costas africanas e Italia para transportar migrantes, estás violando abiertamente el derecho del mar y la legislación internacional. Si luego un barco de una ONG enarbola la bandera, supongamos, alemana, hay dos casos: o Alemania lo reconoce y se hace cargo, o se convierte en un barco pirata», lanzó Meloni la semana pasada, dejando claro cuál será la política migratoria de su nuevo Gobierno. Una política basada en cerrar los puertos a las naves humanitarias que impulsó Salvini cuando era ministro del Interior entre 2018 y 2019 y por la que está siendo juzgado.

Con el líder de la Liga ahora en el Ministerio de Infraestructuras (que tiene la competencia sobre los puertos italianos) y su exjefe de Gabinete, Matteo Piantedosi, al frente de Interior, el nuevo Ejecutivo no tardó en volver a cerrar los puertos a las embarcaciones humanitarias como prometió.

El pulso entre el Gobierno de Meloni y las ONG se mantiene desde hace días. El domingo, Italia autorizó el «desembarco selectivo» de 357 personas, la mayoría mujeres y niños que habían sido rescatados por el «Geo Barents» a finales de octubre en el Medierráneo central. Los 214 hombres que quedaron a bordo de la embarcación de Médicos Sin Fronteras fueron desembarcados anoche. Desesperados, tres de ellos se habían lanzado al agua para intentar alcanzar el muelle por sus propios medios. Dos lo lograron, mientras que un tercero regresó al barco.

Las autoridades italianas aceptaron ayer realizar una segunda inspección sanitaria a bordo para evacuar a las personas que necesiten atención sanitaria, pero la organización exige poder desembarcar a todos los rescatados sin excepción. «Todos tienen sus afectaciones psicológicas y el barco no es un lugar para evaluar esto», denunció Juan Matías Gil, coordinador general de Operaciones en el Mediterráneo de MSF. «La situación a bordo se deteriora con esta incertidumbre, la falta de información, no saber cuándo van a desembarcar y cuáles son las etapas a seguir. Es muy difícil controlar a 200 personas sin poder proveerles de esta información clave».

Una situación que se repite en el buque de la ONG alemana SOS Humanity, que lleva anclado cuatro días en el puerto de Catania, después de que el Gobierno italiano permitiera desembarcar a 144 personas consideradas vulnerables y obligara al resto -35 hombres adultos- a permanecer en la embarcación y en aguas internacionales hasta que Berlín acepte acoger en su territorio a los náufragos. El capitán del barco, sin embargo, desobedeció la orden de zarpar del puerto y denunció que “devolver al mar a personas que buscan protección en aguas territoriales es una forma de expulsión colectiva y por tanto es ilegal”. La organización informó ayer que la mayoría de los inmigrantes a bordo emprendieron una huelga de hambre en protesta por su situación.

El presidente de la Fundación católica Migrantes, monseñor Giampaolo Perego, denunció que el rechazo de Italia a abrir sus puertos y practicar desembarcos selectivos es “anticonstitucional” porque “no respeta ni siquiera a las familias a bordo de estos barcos ni la Convención de Ginebra”.