El Senado de EE UU aprueba la mayor reforma migratoria desde 1986

Es una de las grandes apuestas de Barack Obama y, por ahora, la única, junto con la aprobación de los matrimonios homosexuales, que le reporta un poco de tranquilidad ante los numerosos frentes abiertos que tiene su Administración. Y ayer, la reforma migratoria avanzó un paso más antes de pasar a su votación en el Congreso. El Senado estadounidense aprobó por 68 a favor y 32 en contra el texto que supondría la regularización de la situación de más de once millones de personas que viven en Estados Unidos. Al respaldo de todos los senadores demócratas se sumaron tambíen 14 republicanos, después de que se introdujera en la propuesta inicial una enmienda que inluye el refuerzo de la seguridad de la frontera mexicana, duplicando el número de agentes en la zona y aumentado los kilómetros de vallado así como nuevos equipos tecnológicos. «Hoy, con un fuerte voto bipartidista se ha dado un paso crítico que se acerca a arreglar nuestro roto sistema de inmigración de una vez por todas», aseguró Obama, que conoció la noticia durante su tour africano. «El Senado ha hecho su trabajo, ahora le toca a la Cámara baja hacer lo mismo», añadió. Y es que es ahí donde encontrará los mayores obstáculos para que su reforma estrella se materialice. El Congreso tiene mayoría republicana y esto dificultaría conseguir la mayoría necesaria. «No nos vamos a limitar a votar a favor de todo lo que apruebe el Senado», respondió rápidamente John Boehner, presidente de la Cámara baja, a través de la cadena CNN. Por el momento, ya se sabe, que los congresistas conservadores no se conformarán con la enmienda que han propuesto sus colegas del Senado sobre la frontera mexicana. Si se tiene en cuenta que el debate del texto migratorio ha durado casi un mes, no está previsto que el Congreso se manifieste antes de finales de año, teniendo en cuenta el parón de verano. En el caso de que también en esta cámara se diera luz verde a la ley, supondría la primera reforma del sistema migratorio desde 1986, en la que también se incluyen duros castigos para aquellos que, al no conseguir regular su situación por no poseer los requisitos necesarios, decidan quedarse de manera ilegal en el país.