El presidente abre una crisis institucional sin precedentes al autorizar la difusión de un informe que acusa a la agencia y al Departamento de Justicia de abuso de poder y de dirigir contra él la investigación de la trama rusa.

El Comité de Inteligencia del Congreso publicó finalmente ayer el dosier sobre la supuesta parcialidad del FBI y el Departamento de Justicia en tiempos de Obama. Un embrollo mayúsculo, que sale a la luz contra la opinión tanto de la Fiscalía como del FBI. De paso, coloca a la Casa Blanca, y a los republicanos, en una trayectoria inaudita. De colusión inevitable con las agencias de investigación mientras avanza el llamado Rusiagate. Pero para que fuera posible publicar el memorándum, escrito por el presidente del Comité, el republicano Devin Nunes, y discutido por los demócratas de la comisión, que claman por la publicación de otro que lo contradice, para que esa bomba de tres folios y medio llegara a la Prensa, fue necesario contar con el permiso del presidente. Por si había dudas respecto a su opinión, y en un tuit histórico, Trump escribía que, a la luz del informe, que había leído, «los principales líderes e investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de la investigación en favor de los demócratas y contra los republicanos, algo que hubiera sido impensable hace poco tiempo. «¡Pero los empleados son excelentes personas!», añadió.

Según se desprende del informe, los agentes y fiscales habrían ocultado información al juez a fin de lograr la autorización para espiar a Carter Page. Claro que Page, colaborador en la campaña electoral de 2016, estaba en el radar de los servicios secretos estadounidenses desde hacía años. Concretamente desde que trascendió que el espionaje ruso habría intentado reclutarle. El problema, según los republicanos, es que el juez autorizó el seguimiento de sus comunicaciones una vez que el FBI le presentó un dosier incriminatorio, elaborado por un ex espía británico, Christopher Steele. Un dosier inflamable, cuya veracidad ha sido severamente cuestionada y que, encima, habría sido pagado, al menos en parte, por el Comité Nacional Demócrata y la campaña electoral de Hillary Clinton. Steele, que habría dejado de colaborar como informante del FBI después de comprobarse sus repetidos contactos con la prensa, habría comentado en varias ocasiones que estaba «desesperado» por lograr que Trump no fuera elegido presidente. Nada de esto le fue notificado al juez.

Lo que los republicanos olvidan mencionar es que ese informe no supone, ni remotamente, el arranque del Rusiagate. Los agentes investigaban la posible injerencia del espionaje ruso desde hacía meses. Mucho antes, de hecho, de que se nombrara a un fiscal especial, Robert S. Mueller, para llevar el caso. Al mismo tiempo, Page había alimentado dudas respecto a sus actividades durante años. Antiguo empleado de Merryll Linch, colaborador de Gazprom, vivió en Moscú entre 2004 y 2007, y en 2016, ya integrado en la campaña presidencial, dio una conferencia en Moscú en la que, entre otras cosas, comentó que Occidente estaba «perpetuando las tendencias de la Guerra Fría». Según trascendió entonces, también acusó a los países occidentales, con EE UU a la cabeza, de culpabilizar injustamente a Rusia. Los portavoces de Trump señalaron en su día que las opiniones de Page eran suyas y que no tenían por qué coincidir con las del candidato. Aunque lo cierto es que por aquel entonces Trump no escatimaba elogios a su admirado Putin. Un líder fuerte, solía afirmar, frente al débil Obama.

Entretanto la Asociación de Agentes del FBI, que agrupa a más de 14.000 empleados en activo y/o jubilados, publicó en Twitter un comunicado en el que defiende su honorabilidad. Tras explicar que los agentes «arriesgan sus vidas todos los días en la lucha contra terroristas y criminales» y resaltar su «dedicación a nuestro país y la Constitución», aseguran que «no han permitido ni permitirán que la política partidista nos distraiga de nuestro compromiso solemne con nuestra misión».

A derecha e izquierda crecen exponencialmente las reacciones. Así, Adam Schiff, miembro del Comité de Inteligencia del Congreso, respondía que el problema era mucho peor que la supuesta parcialidad del FBI y el Departamento de Justicia, es decir, que el problema es que «el máximo líder del país acordó divulgar de forma selectiva y engañosa información clasificada para atacar al FBI; eso es lo que hubiera sido impensable hace poco tiempo».

El gran problema de credibilidad para Nunes es su negativa a publicar el memorándum de respuesta elaborado por Schiff. Entre otras cosas éste explicaría que el dosier elaborado por Steele estaba lejos de constituir la única evidencia aportada al juez que debía de autorizar los pinchazos a Page. Pero los demócratas tampoco tendrán fácil explicar las razones por las que el FBI y el Departamento de Justicia usaron un informe manchado por las dudas. Sea como sea crece la guerra de propaganda, implacable, entre unas instituciones acusadas de parcialidad, al tiempo que la prensa y ciertos políticos jalean las acusaciones fratricidas. Nunca en sus 80 años de historia los republicanos habían acusado al FBI de alentar veleidades antisistémicas. Pero eso, y tantas otras cosas, cambió con Donald Trump.