La Justicia argentina busca pruebas de que la ex presidenta encubrió la participación iraní en el atentado contra la mutua judía.

La ex presidenta Cristina Kirchner cada vez más acorralada. La Justicia argentina dispuso ayer buscar pruebas de que la dama peronista intentó encubrir a ex gobernantes iraníes acusados por el atentado en 1994 contra el centro judío AMIA.

El juez federal Ariel Lijo delegó en el fiscal federal Gerardo Pollicita la búsqueda de medidas probatorias de que la firma del tratado entre Argentina e Irán en 2013 para formar una comisión internacional investigadora del ataque, con saldo de 85 muertos y 300 heridos, fue una maniobra de encubrimiento.

La acusación original contra Kirchner fue lanzada en enero de 2015 por el primer fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman. El funcionario apareció muerto cuatro días después en el baño de su departamento con un tiro en la sien. El disparo fue realizado con una pistola que Nisman le había pedido prestada a un colaborador en un caso que aún es un enigma.

La dirigencia comunitaria argentina y los gobernantes de Israel apoyan la investigación contra Kirchner. La ex presidenta, que gobernó entre 2007 y 2015, argumenta que la denuncia es un caso de persecución política por su condición de opositora al gobierno de Mauricio Macri y que si hubiera un delito, nunca se cometió porque el tratado no entró en vigor.

El memorándum de entendimiento argentino-iraní tuvo un aval mayoritario del Congreso en Buenos Aires, incluso de legisladores que apoyan ahora al macrismo, pero Teherán nunca lo revalidó. Además el Supremo argentino lo acabó tumbando. La comisión internacional jamás pudo formarse.

Kirchner reclamó en cada uno de sus discursos anuales ante Naciones Unidas que Irán aceptase un interrogatorio por un juez argentino de los ex gobernantes iraníes acusados del ataque, entre ellos el ex presidente Ali Rafsajani, recientemente fallecido.

Organizaciones de familiares que criticaban al fiscal Nisman por presunta inacción en la investigación del atentado respaldaron el tratado con reservas. Anticipaban que sería casi imposible que Teherán llevara a sus dirigentes a sentarse en un banquillo judicial.

La defensa de Kirchner sostiene que no pudo haber encubrimiento porque siempre estuvieron vigentes las alertas rojas de Interpol para arrestar a los iraníes. Las entidades comunitarias judías afirman que Kirchner trataba de ampliar el comercio con Irán a cambio de debilitar la acusación contra los ex gobernantes inculpados.