América Latina
Ecuador respalda cruzada de Noboa contra criminalidad pero rechaza sus reformas económicas
"El pueblo ecuatoriano le ha puesto un freno a un aspirante de dictador", asegura el ex presidente Rafael Correa
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado el respaldo popular necesario para continuar aplicando una política de «mano dura» contra el crimen organizado y la inseguridad. El «sí» se impuso en las preguntas de la consulta popular del domingo que impulsó el mandatario, pero solo en las cuestiones que tenían que ver con asuntos de seguridad y delincuencia, donde logró entre 60 y 70%, dependiendo de la pregunta.
Aunque fue una victoria contundente en respaldo a las intenciones de Noboa de reforzar la acción contra las bandas criminales, el resultado es agridulce para el Gobierno ecuatoriano, que no pudo convencer a los ciudadanos de respaldar cambios en materia económica, incluyendo la idea de ser el primer país de la región en permitir contratos por horas.
Allí se había concentrado la acción de la oposición, en rechazar lo que consideraban un ataque a las políticas sociales y beneficios laborales conseguidos por Gobiernos anteriores, particularmente en la época en que gobernó la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, ahora exiliado en Bélgica.
«Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas», dijo el presidente al hablar tras conocerse los primeros resultados. Aprovechó para nombrar a un nuevo primer ministro, Michele Sensi, hasta ahora encargado del Centro de Inteligencia Estratégica y muy cercano colaborador, quien sustituye a Mónica Palencia, que seguirá como ministra del Interior.
La consulta electoral ha confirmado la popularidad de Noboa, que ahora tendrá más músculo para presentarse a un mandato completo en 2025, pero especialmente de las Fuerzas Armadas, reforzadas en su alcance y con el permiso popular de participar en asuntos de seguridad interna. Las Fuerzas Armadas son la institución más popular, por encima del Estado, la Iglesia católica y los medios de comunicación.
En esa victoria del «sí» se incluye el cumplimiento total de las penas, el aumento de los castigos a los delitos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado y la confiscación urgente de los bienes de origen ilícito o injustificado.
El siguiente paso tiene que ver con aumentar las penas de diez delitos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. En cuanto a cuándo será el cambio está por verse. Noboa dispone de cinco días para enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Parlamento tendrá 60 días para debatir y sancionar la reforma.
El asunto puede tensar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo ecuatorianos, que no siempre se han mirado a los ojos en estas cuestiones y además porque Noboa no cuenta con una mayoría parlamentaria propia. Es más, en el Parlamento, la oposición se ha reorganizado y Revolución Ciudadana –el partido con más diputados– ya ha dicho que buscará bloquear toda iniciativa legislativa presidencial. Por su parte, los socialcristianos han enfriado la alianza con el Gobierno después de que dos de sus parlamentarios se pasaran al grupo del partido oficialista. Además, hay una pugna con el movimiento Construye, que dispone de 20 escaños.
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) mantiene ahora 31 diputados en una Cámara de 137 –que incluyen a algunos desertores de los otros grupos independientes. No se sabe qué pasaría si el Legislativo termina no aprobando las reformas legales ya validadas por la voluntad popular en plebiscito.
En materia jurídica, también fue aprobada una modificación constitucional para permitir la extradición de ecuatorianos a otros países, una medida que hace un año el expresidente Guillermo Lasso sometió a las urnas sin éxito.
Los resultados coincidieron con la captura del capo Fabricio Colón, alias Capitán Pico, uno de los jefes de la banda de «Los Lobos», cuya huida en enero de la cárcel de Riobamba derivó en la declaración del «conflicto armado interno».
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