Dieciséis estados de EE UU apoyan ante el Supremo el veto migratorio

Justifican que la seguridad nacional exige limitar las entradas desde seis países musulmanes.

Los republicanos contraatacaron ayer en un nuevo intento de sacar adelante la polémica prohibición de viaje a seis países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen). De esta forma, una coalición de funcionarios conservadores de dieciséis Estados, con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, a la cabeza, presentaron un documento legal «amicus curiae» ante el Tribunal Supremo a favor del decreto de Trump. Mientras, los jueces del Alto Tribunalo meditan si aceptan la apelación de la Casa Blanca, presentada la semana pasada tras la decisión de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito, con sede en Virginia, de mantener el bloqueo al polémico veto del presidente.

La batalla entre demócratas y conservadores prosigue frente una decreto firmado en un principio el 27 de enero que causó una gran caos en los aeropuertos internacionales de Estados Unidos, donde los agentes de inmigración desconocían cómo aplicar la orden presidencial. Fue entonces cuando se interpusieron diferentes demandas y apelaciones en distintas cortes del país que llevaron a Trump a modificar la orden y emitir una versión menos rigurosa el 6 de marzo.

Sin embargo, la polémica no terminó con este segundo decreto citado, lo que condujo a Trump a atacar a los tribunales. Y es que sus fiscales no supieron convencer a los jueces de que las motivaciones del líder republicano para tomar esta decisión eran por la seguridad nacional del país, y no por racismo, como alegaron los demandantes, así como las oposición demócratas y las organizaciones de derechos civiles, que sí convencieron a los jueces.

«Esta orden ejecutiva [por la prohibición de viaje] es una respuesta adaptada a una amenaza muy real para nuestra seguridad nacional», apuntó ayer Paxton en un comunicado al anunciar la presentación ante el Supremo del citado documento denominado «Amicus curiae», que confirma que los conservadores mantienen su estrategia. Según el fiscal general texano, es «necesario que haya una pausa temporal a la entrada de refugiados y personas procedentes de ciertos países con mayores problemas de seguridad para apuntalar los procedimientos de selección de quienes entran a Estados Unidos».

A Paxton, se unieron también los fiscales generales de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Kansas, Luisiana, Montana, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Virginia Occidental y el gobernador de Misisipi. Todos ellos republicanos que defienden que la prohibición de Trump «no es contra los musulmanes», como sí alegan los defensores de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentarán sus documentos la semana que viene ante el Alto Tribunal de EE UU.

Clave en esta pelea son los polémicos mensajes de Trump en Twitter y en los mítines de campaña. Entre los mismos, destacan un comentario en el que pidió «el total cierre de Estados Unidos a los musulmanes», que se ha utilizado como evidencia de su intención de discriminar a los musulmanes. Por ello, su equipo legal ha pedido al presidente en diferentes ocasiones que se modere en los mensajes en las redes sociales, ya que se han utilizado como pruebas en contra del inquilino de la Casa Blanca.