La oposición, que sólo se impone en cinco estados, denuncia otro fraude del oficialismo por la falta de transparencia y la manipulación del resultado

El resultado de las elecciones a gobernador en Venezuela fue una declaración de guerra a una oposición antichavista ya muy debilitada y acorralada. Contra todo pronóstico, el oficialismo ganó los comicios cuando las encuestas daban un triunfo incontestable a la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática. Según los resultados del Consejo Nacional Electoral, el partido oficialista PSUV ganó 17 de las 23 gobernaciones, tres menos que en los comicios de 2012, mientras que la MUD se hizo con cinco, dos más de los que tenía. Queda por conocer el resultado en el estado de Bolívar, donde el escrutinio daba un resultado provisional muy ajustado a favor de la oposición.

Maduro aseguró que el oficialismo obtuvo el 54% de los votos con una participación del 61%: «La patria se ha fortalecido. Les pido que celebremos con alegría, música, baile, pero en paz, con respeto al adversario», expresó. La oposición, en cambio, alzó la voz: «No reconocemos los resultados ofrecidos por [la presidenta del CNE] Tibisay Lucena», dijo Gerardo Blyde, el jefe de la campaña de la plataforma opositora. «Ni Venezuela, ni el mundo se creen el cuento que nos echaron. Hemos solicitado a los comandos regionales que verifiquen todo el proceso», añadió Blyde, que pidió que se vuelva a la calle a protestar.

Sin embargo, parece difícil que la oposición consiga volver a «calentar» las calles ante un electorado agotado y decepcionado. El error fue caer en la tentación de un diálogo en condiciones desiguales. Las elecciones regionales eran la segunda trampa. Prácticamente obligaban a la disidencia a participar en un proceso amañado y convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, también instaurada de forma ilegal.

Todos los analistas consultados por LA RAZÓN, e incluso líderes de la oposición, consideran que las elecciones no fueron transparentes, pero no entran a juzgar la veracidad de los datos del CNE, al que la oposición acusa de fraude. Nadie se atreve a hablar sin tapujos de «pucherazo» o «tongo». La oposición denunció que el CNE no permitió la sustitución de los candidatos que habían sido derrotados en las primarias de la coalición y también se quejó por la reubicación de numerosos centros de votación, que dificultó el sufragio a cientos de miles de electores. En principio, y a falta de pruebas más contundentes, éstas habrían sido las causas de la debacle, aunque no se pasa por alto que en el proceso de la Asamblea Constituyente celebrado en julio, el oficialismo aseguró que participaron ocho millones de votantes cuando en realidad auditorías posteriores revelaron que apenas llegaron a dos millones. En esta ocasión, sin embargo, la oposición desplegó testigos, aunque no todos pudieron entrar en los colegios. «Los resultados son absolutamente inconsistentes. Todos los sondeos mostraban a un chavismo en franca minoría», afirmó el politólogo Edgard Gutiérrez, director de Venebarómetro.

El presidente del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica (CEELA), Nicanor Moscoso, cercano al chavismo, destacó que las elecciones se desarrollaron de manera «exitosa». Mientras, el director de la ONG Sumate, Francisco Castro, argumentó que «el sistema electoral venezolano es un sistema viciado de legalidad», ya que permite el «ventajismo, la intimidación y las violaciones a las leyes».

Pese a que el chavismo se erige como el ganador de la contienda, su victoria podría ser pírrica. «Es el peor escenario posible», comentó el economista y director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León. Incertidumbre, conflicto y más sanciones vendrían a agravar una economía que registra la mayor tasa de inflación del mundo y que sufre escasez de alimentos, medicinas y de otros productos básicos.

A nivel interno, «la vía de negociación política entre Gobierno y oposición para rescatar los equilibrios se rompe estrepitosamente», añadió León. Eso dará alas a la parte más radical de la oposición, con consecuencias impredecibles, aunque parece difícil que la «resistencia» cobre de nuevo fuerza. Y no olvidemos que con la Asamblea Constituyente fortalecida, como órgano inquisidor, podría haber nuevas persecuciones a los rivales. Incluso los gobernadores opositores que no juren su cargo frente a este organismo pueden acabar presos.

Por otro lado, la nueva Constitución ya está lista y en unos días se conocerá cuál es su contenido. La estrategia del oficialismo es aguantar hasta las elecciones presidenciales de 2018 y perpetuarse en el poder. Tras dieciocho años de chavismo, este horizonte toma forma ante la mirada impotente de la oposición y de una población al borde del colapso, anestesiada.