Caos en Haití: 3.600 presos fugados y 1.000 policías kenianos para buscar la paz

“Fueron los mercenarios quienes consiguieron recuperar mi muelle. Atacaron desde el mar, fueron en una lancha para pillar por sorpresa a los pandilleros […]. Me preguntaron qué querían que hicieran con ellos. Dije que no me importaba. Los tiraron al mar”. Así narraba un empresario español a LA RAZÓN el momento en que tuvo que contratar a un grupo de mercenarios para recuperar el muelle donde estaban depositadas sus mercancías en Puerto Príncipe, Haití, después de que una banda criminal lo secuestrase. La violencia responde a la violencia. El país se ha hundido en los últimos años en un pozo de anarquía sin fondo, mientras la última semana ha venido acompañada de nuevas dificultades y temores por el futuro de Haití.

El sábado pasado, casi 3.700 presos fueron liberados después de que el capo Jimmy Chérisier, también conocido como “Barbacue”, organizara un asalto contra una de las prisiones más importantes del país y asesinara en el proceso a seis policías que procuraron impedir la fuga. Miles de delincuentes brincaron a la libertad entonces y se confundieron con el caos nacional, aprovechando que la población local lleva desde el jueves pasado participando en fuertes protestas contra el gobierno, protestas que multiplican las tensiones y dificultan aún más la estabilidad. De hecho, fue el propio “Barbacue” quien anunció este jueves el inicio de una revolución popular contra el gobierno, adivinándose en el discurso de este líder criminal que sus intenciones personales también abarcan lo político.

La fuga masiva de la prisión de Puerto Príncipe ha obligado a las autoridades a ordenar el estado de emergencia durante un mínimo de 72 horas, con un toque de queda impuesto en parte del país, mientras que Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el Haití como medida cautelar ante el deterioro de la situación. Después de asaltar la cárcel, las bandas también procuraron (sin éxito), hacerse con el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Haití, con especial mención a su capital, prosigue una zozobra aparentemente imparable.

Parte del descontento popular centra sus frustraciones contra el actual presidente haitiano, Ariel Henry, que accedió al poder después del asesinato de su predecesor, Jovenel Moïse, en 2021. Henry, cuyo mandato debía terminar este mes de febrero, optó por retrasar la convocatoria de elecciones presidenciales hasta agosto de 2025. Esto ha levantado protestas entre la oposición y los sectores sociales que rechazan su política de seguridad, abierta al intervencionismo extranjero.

El intervencionismo extranjero es fundamental para entender la actual situación en Haití. Tal es así, que el propio Ariel Henry se encontraba en Kenia en el mismo tiempo en que las bandas asaltaban la cárcel y el aeropuerto de la capital, supuestamente con la intención de acordar con el dirigente keniano, William Ruto, la posibilidad de que policías kenianos sean desplegados en Haití para contribuir a los intentos de pacificación de las calles. Ruto y Henry acordaron en el marco de la visita que 1.000 policías kenianos serán enviados al país caribeño, aunque tampoco sería la primera vez que Kenia busca implicarse en la situación haitiana y con un éxito relativo. No hace ni un mes desde que la Corte Suprema keniana, auspiciada por las presiones constantes del líder opositor Raila Odinga, bloqueó el envío de policías a Haití por considerarlo “inconstitucional” al no contar con el beneplácito de la nación receptora. Se espera que la última visita del mandamás haitiano haya servido para obtener ese “permiso” que exigía la corte.

Kenia también debería liderar la Misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, votada y aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 2 de octubre de 2023 y que debería haber comenzado el 1 de enero de 2024. Jamaica, Bahamas, Antigua y Bermuda también se comprometieron al envío de tropas, mientras Estados Unidos aseguró una ayuda económica no superior a los 200 millones de dólares. Las trabas impuestas por los tribunales kenianos al envío de policías a Haití son la razón principal que explica el retraso en el comienzo de esta misión, que se supone que arrancará tras la última reunión entre los presidentes haitiano y keniano.

Hace falta recordar que Haití recibió 14.000 millones de dólares durante los cinco años siguientes al terremoto de 2013, que ese dinero no se ha visto plasmado en la construcción de infraestructura ni en el desarrollo social y económico de la nación, mientras la corrupción y la delincuencia se han transformado en rutina. Cualquier misión internacional que pise el suelo haitiano deberá enfrentarse al oleaje de la corrupción y los intereses; Kenia tendrá mucho que aguantar en este terreno, la responsabilidad depositada sobre los hombros de William Ruto es mayúscula.

Haití es un país donde los linchamientos son habituales, la capital está virtualmente tomada por diferentes bandas criminales que se enriquecen principalmente gracias al tráfico de drogas. Mafias de todo el mundo utilizan a la nación caribeña como trampolín para el transporte de cocaína entre Sudamérica y África, y el sueldo del intermediario se queda aquí. El poder de las bandas es tal, que no pocos medios de comunicación hablan ya de un intento de golpe de Estado en curso y provocado directamente por las mismas. No son los militares, ni otros políticos, quienes hacen peligrar un gobierno en Haití; es que el crimen que representan las bandas, abyecto y violento por la naturaleza que les domina, todavía será capaz de derrocar a Ariel Henry e imponer un presidente a medida de sus ambiciones.