La Comisión Europea ha presentado este martes su nueva propuesta para agilizar los retornos de los inmigrantes ilegales. Un texto que supone un fuerte espaldarazo a propuestas como las de de la primera ministra italiana Giorgia Meloni ya que avala su modelo para instaurar centros en países terceros fuera de las fronteras europeas, aunque con condiciones.

“El retorno es un pilar fundamental del Pacto sobre Migración y Asilo: sin una política de retorno creíble y eficaz, no podemos tener un sistema de migración completo y digno de confianza. Con la nueva propuesta establecemos un sistema común de retorno en la UE que garantiza normas coherentes en todos los Estados miembros. Debemos ser firmes y asertivos en nuestro planteamiento, al tiempo que nos mantenemos fieles a los valores europeos de equidad y derechos fundamentales", ha explicado la vicepresidenta para la soberanía digital, Hena Virkkunen.

Bruselas propone que estas instalaciones en terceros países tan solo estén destinadas a retener a aquellos inmigrantes sobre los que pesa una orden de expulsión, una vez se hayan agotado todos los recursos. Estos acuerdos podrán llevarse a cabo con países terceros que respeten la legislación internacional sobre derechos humanos, incluido el principio de no devolución. Además, quedarán excluidas la familias con menores o menores no acompañados. Además, Bruselas quiere crear un mecanismo y autoridad independiente para vigilar la aplicación de este tipo de acuerdos.

Según esta texto, los menores tan solo podrán ser detenidos como medida de “último recurso”. En caso de la deportación del menor, éste deberá contar con el asesoramiento de un representante legal quien deberá haber sido formado para tratar con esta franja de edad.

Estos acuerdos en Estados fuera de las fronteras europeas podrán establecerse entre la UE y el país tercero o de manera bilateral, tal y como sucede entre Albania e Italia. Se espera que en el mes de junio Bruselas presente su propuesta sobre nuevos requisitos más amplios para considerar a un país tercero como seguro, lo que puede abrir el abanico de destinos a los que deportar a los inmigrantes considerados como ilegales. Precisamente, la justicia italiana ha invalidado en varias ocasiones las deportaciones desde Albania al considerar que Egipto y Bangladesh no son países seguros para el retorno.

Además, la propuesta presentada este martes pretende aumentar el número de expulsiones que ahora tan solo llegan a un 20% de aquellas personas cuya solicitud de asilo ha sido denegada. Ahora mismo, existen 27 legislaciones nacionales sobre procesos de retorno. Una fragmentación que, según Bruselas, no facilita la agilidad de los procesos. Por eso, ahora la Comisión Europea quiere que cuando un país europeo emita una orden de expulsión, ésta sea reconocida de manera inmediata por el resto. Esto impedirá los denominados movimientos secundarios, aquellos que se producen dentro del club comunitario.

Además, aquella personas que están pendientes de un proceso de retorno deberán colaborar con las autoridades y sufrirán consecuencias legales en caso de no hacerlo. Por ejemplo, dejarán de recibir ayudas sociales y se les requisarán los documentos de viaje. El propósito reside en incentivar los retornos voluntarios, pero éstos serán forzosos si el inmigrante no coopera, se fuga a otro país europeo, no abandona el país en el plazo dictado por las autoridades o supone un peligro para la seguridad.

Además, para evitar posibles fugas, el periodo de detención máximo que ahora mismo es de 18 meses podrá extenderse hasta los 24. Asimismo, los países europeos estarán obligados a procesos de cribado para detectar a aquellas personas que supongan una amenaza para la seguridad. En esos casos, y siempre y cuando exista el veredicto de un juez, el lapso de tiempo de retención podrá ser superior a los 24 meses.

Ahora esta propuesta deberá ser debatida entre los Estados miembros y la Eurocámara para que pueda entrar en vigor. España siempre se ha mostrado en contra de los centros en terceros países puestos en marcha por Meloni y defiende, como alternativa, los acuerdos con los países de origen.