En enero de 2018, en un discurso sobre la formación del partido, Xi Jinping abordó los temas del ciclo dinástico y el poder político. En su intervención, y tras analizar algunos episodios históricos, concluyó que el denominador común que llevó a la caída de los anteriores regímenes chinos fue la erosión interna, en particular la corrupción y la división. Para Xi, la manera de evitar que el Partido sucumba a la decadencia del poder político es la «autorevolución», es decir, renovar la savia del Partido mediante cambios que refuercen su cohesión organizativa e ideológica. En puertas del XX Congreso Nacional de este domingo, donde se espera que Xi consolide un tercer mandato como líder supremo, este ha intensificado su radical campaña anticorrupción. Listo para delinear las prioridades para el rejuvenecimiento político, económico y diplomático de China, está previsto que continúe otro ciclo en sus actuales cargos de secretario general del Partido Comunista, jefe de la Comisión Militar Central del partido y presidente de China. No obstante, su principal baza es su papel como secretario general: si dirige el Partido, dirigirá China.

Su objetivo prioritario es restablecer el respeto de la opinión pública por el Partido. Para ello, la Comisión Central de InspecciónDisciplinaria (CCDI) ha sido utilizada contra los funcionarios locales que no cumplen con las políticas económicas, sociales o medioambientales de la cúpula. A partir de 2018, un nuevo organismo bajo su control de facto, llamado Comisión Nacional de Supervisión (CNS), impuso una Ley cuya campaña iba acompañada del lema «Saohei chu’e»,que significa «barrer lo negro y eliminar el mal». La directiva incluye a gerentes de empresas estatales, administradores de instituciones públicas y funcionarios de todas las ramas del gobierno.

Según las estadísticas oficiales, desde el XVIII Congreso Nacional del PCC de 2012 hasta finales de abril de 2022, los órganos de inspección y supervisión disciplinaria habían investigado casi 4,4 millones de casos que implican a 4,7 millones de funcionarios. Wang Qishan, antiguo jefe del CCDI y estrecho aliado de Xi, ya señaló que «matar tigres y moscas sirve para disuadir a los funcionarios corruptos», y lo llamó «Espada de Damocles». Así, funcionarios locales y los miembros del Partido están cada vez más preocupados por una posible investigación sobre sus pasados, sus ingresos y su conducta, o por la filtración de información de otros trabajadores que podría implicarlos en una pesquisa, especialmente si presentan opiniones contrarias al régimen.

Por otra parte, a algunos intelectuales, escritores, artistas y cineastas chinos, así como a un buen número de empresarios privados, no les gusta su mandatario. Están resentidos por la represión de la libertad artística, por su deseo de «blanquear la historia» o por privilegiar a empresas estatales en detrimento del sector privado.

«Camarilla política»

Asimismo, sus detractores afirman que la campaña es además un arma política velada que ha ayudado a eliminar a sus rivales, suprimido los centros de poder que compiten entre sí y reforzado, mediante el miedo, la lealtad absoluta de la élite política al PCCh y a él mismo.

De hecho, en los prolegómenos del congreso de este año han rodado aún más cabezas. Desde enero, unos 1.100 funcionarios han sido cazados en la red del partido, según los datos del propio estamento. Una purga de aquellos considerados desleales, corruptos o ineficaces, construyendo su base de poder y llenando esos puestos vacantes con aliados.

En el ojo del huracán y en el foco de esta «camarilla política» está el ex viceministro de Seguridad Pública Sun Lijun, acusado y condenado a muerte y luego a cadena perpetua por poner en peligro la seguridad política, un término que parece ser la jerga del Partido para «desafiar la autoridad». El ex ministro de Justicia, Fu Zhenghua y Wang Like, responsables de los asuntos políticos y jurídicos de la provincia de Jiangsu, también han recibido penas de muerte con suspensión. Según los medios de comunicación chinos, S. Lijun acumuló 92 millones de dólares mediante tratos corruptos durante un periodo de casi dos décadas, mientras que Fu y Wang acumularon 16 y 62 millones de dólares en sobornos. Los antiguos jefes de policía de Shanghai, Chongqing y la provincia de Shanxi -Gong Dao’an, Deng Huilin y Liu Xinyun- pasarán más de una década en prisión por corrupción y por sus vínculos con Sun.

Con todo, es significativo que, inmediatamente después de las condenas de estos altos cargos de la seguridad, se especulara en las redes sociales con la destitución de Xi en un “golpe de Estado”, apuntando a Sun como cabecilla del derrocamiento. Todo quedó en un rumor.

El Partido también puso en marcha operaciones de “caza del zorro” para detener a sospechosos de corrupción huyeron al extranjero para eludir el castigo. Desde 2014 hasta mayo de 2021, se extraditaron 9.165 de estos sospechosos desde 120 países y regiones extranjeras, y se recuperaron más de 20.000 millones de yuanes (2.900 millones de dólares) de sus ganancias ilícitas.

En la actualidad, el órgano cuenta con más de noventa millones de miembros y está organizado de manera piramidal. En la cúspide está el Buró Político, o Politburó, compuesto por veinticinco personas y formado por oficiales militares, líderes provinciales y funcionarios del partido central. De este grupo sale el Comité Permanente del Politburó, compuesto por siete miembros, que toma la mayoría de las decisiones cruciales. El jefe del Comité Permanente es el secretario general del partido, Xi Jinping.