Antes de que cayera Kabul en manos de los talibanes hace un año, las familias caminaban a la caída del sol hacia las panaderías en una suerte de ritual que ha desaparecido. Su lugar lo ocupan ahora decenas de mujeres tapadas con «burka», que se sientan en grupos alrededor de los hornos implorando pan a los que aún pueden pagarlo. Así describe la periodista Diaa Hadid el nuevo paisaje afgano en un reportaje de la NPR, la radio pública estadounidense.

Un año después de que la estampida de Estados Unidos y sus aliados provocara el regreso de los talibanes al poder, las mujeres han vuelto a ocupar el lugar de los parias en Afganistán. No es que nadie esperara otra cosa, pero la rapidez con la que han vuelto a despojarlas de sus derechos ha sorprendido incluso a los más pesimistas. Tal y como asegura Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre el país asiático, «los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; diezman el sistema de protección y apoyo para quienes huyen de la violencia de género en el ámbito familiar; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias; y contribuyen al aumento del número de matrimonios precoces y forzados».

El deterioro de la situación ha sido directamente proporcional al incremento del miedo. Resulta mucho más complicado que hace unos meses lograr el testimonio de una afgana que aún viva allí. Se sienten amenazadas a cada paso. Una antigua militante de derechos humanos a la que llamaremos Nadia accede a hablar con LA RAZÓN a través de WhatsApp a condición de que mantengamos su anonimato: «Mi situación con los talibanes se ha vuelto muy peligrosa. Todos los días me lanzan amenazas por WhatsApp y hackean mi Facebook. Me obligan a retirar fotos y post que ni siquiera he creado yo para tener algo de lo que acusarme».

El pánico a ser detenida se une en esta activista a la ansiedad económica y la urgencia por buscar el sustento para su familia en un país en el que han desaparecido casi todas las ayudas internacionales. «Yo tengo cinco hijas y cinco nietos, pero entre todos somos 18 de familia. Aquí no hay nada, ningún proyecto en el que pueda trabajar. Tendría que huir y esconderme en otro lugar para buscar empleo», asegura.

Lo cierto es que la salida de la OTAN de suelo afgano ha desplomado todas las cifras macroeconómicas. El reciente terremoto ha contribuido además a la tormenta perfecta y en un año el número de afganos que necesita asistencia alimentaria se ha doblado hasta alcanzar los 20 millones (la mitad de la población total). La tímida clase media que se atisbaba ha quedado reducida a cenizas.

Las sanciones económicas al régimen de los islamistas se ceban, una vez más, con los civiles que nada pueden hacer para cambiar las cosas. El intercambio comercial está congelado, apenas se importa ni se exporta nada y el sistema bancario está condenado al ostracismo mundial. La población está sentenciada a endeudarse en el mejor de los casos. Como explica Nadia, su familia come «gracias a los préstamos de una red de conocidos que pudieron ayudarnos los primeros seis meses. A mí me quitaron la oficina en la que trabajaba cuando llegaron los talibanes y ahora estamos ahogados por los problemas financieros. No podemos pagar el alquiler, ni el colegio de los más pequeños. Debo varias facturas del agua y la electricidad nos la han cortado. Ya no tenemos luz».

El caso de Nadia no es excepcional. Según denuncian algunas ONG, se han dado casos de afganos que se han visto obligados a vender sus casas, sus tierras e, incluso, riñones para poder alimentarse. O han optado por casar sus hijas antes de tiempo para obtener la dote. En una remota provincia, Naciones Unidas encontró a 20.000 afganos famélicos al borde de la muerte.

Nadia trata de mantener la rebeldía que le permite el instinto de supervivencia. Ha participado en alguna manifestación contra el nuevo régimen y a favor de la igualdad y sale a la calle solo con «hijab» siempre que puede. Solo echa mano del «burka» cuando ve que va a cruzarse con una concentración de barbudos. «No salgo mucho de casa. El otro día tuve que llevar a mi hija al médico porque está enferma y la doctora me increpó por no llevar ‘burka’. Le dije que no lo llevaba porque estoy en contra, que prefería el chador, y me respondió que era una mujer muy mala y que nosotras, las ‘republicanas’, vamos por ahí mostrándonos sin ropa».

Tal y como denuncia AI en su informe «Muerte a cámara lenta: la vida de niñas y mujeres bajo el yugo talibán», los nuevos gobernantes siguen bloqueando la educación para la inmensa mayoría de las afganas de secundaria. «Su vuelta a las clases, prevista para el 23 de marzo de 2022, fue efímera. Ese mismo día, los talibanes enviaron a casa a las niñas, alegando un ‘problema técnico’ relativo a sus uniformes. Cuatro meses después, los talibanes siguen negando el acceso a la educación a las niñas», reza el documento. El citado informe refleja también el testimonio de una profesora de 25 años de la provincia de Nangarhar: «Estas jóvenes simplemente querían tener un futuro, y ahora no ven ninguno».

La propia Nadia era profesora de niñas a partir de séptimo grado, una labor que ha sido borrada del mapa. Se teme que sus hijas ya no podrán acceder a la universidad. Lo cierto es que las organizaciones humanitarias que aún tienen ojos sobre el terreno denuncian un hostigamiento a las alumnas en un «entorno peligroso» en el que ellas están en clara desventaja. Muchas se han rendido y han dejado de asistir a clase o han decidido no matricularse. Amnistía Internacional recoge el siguiente testimonio de una alumna de 21 años de una Universidad de Kabul: «Los guardias afuera de la universidad nos gritan y dicen: ‘Arreglaos la ropa, el pañuelo [...] ¿Por qué se os ven los pies?’ El jefe de nuestro departamento vino a nuestra clase y nos dijo: ‘Tened cuidado: solo podemos protegeros cuando estáis dentro del edificio de la facultad [...] Si los talibanes intentan haceros daño o acosaros, no podremos impedírselo’».

Según la investigación de AI, que ha sido refrendada por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en Afganistán, así como activistas locales y expertos, la cantidad de matrimonio precoces y a realizados bajo mandato paterno a la fuerza se han disparado. Las causas más probables responden a la crisis alimentaria y económica que, junto a la represión y el bloqueo educativo y profesional, hacen ver como una salida familiar el casamiento de menores con dirigentes talibanes.