Apoyo al veto español sobre Gibraltar

Rajoy logra que las conclusiones incluyan que España tendrá la última palabra sobre el futuro del Peñón.

No hay dudas que valgan. España ha pedido al Consejo Europeo introducir una aclaración en el texto de conclusiones sobre el Brexit referida al Peñón de Gibraltar. Aunque para la delegación española ( y también para los Veintisiete) está meridianamente claro que España conserva su poder de veto sobre la situación de Gibraltar tanto en la relación futura con Reino Unido como durante la época de transición, las declaraciones este semana del negociador británico, David Davis, no han ayudado a resaltar este hecho. Madrid ha decidido pedir una aclaración en el texto de conclusiones que se aprobará hoy en la segunda jornada de la cumbre de Bruselas. El equipo del presidente del Consejo, Donald Tusk, ha introducido en este borrador la puntualización de que «se seguirán aplicando las directrices previamente pactadas por los líderes europeos –en las que se prevé que ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido y además se piden «esfuerzos intensificados en las cuestiones restantes del acuerdo de salida, especialmente respecto a Gibraltar».

El lunes Londres y los Veintisiete llegaron a un acuerdo sobre el periodo de transición tras el Brexit de una duración de 21 meses tras la salida de Reino Unido del bloque comunitario el 29 de marzo de 2019. Tras la fumata blanca, Davis dio por sentado en una rueda de prensa que el Peñón también se beneficiaría de este periodo en el que el acceso al mercado único estará garantizado y Reino Unido deberá seguir respetando la legislación europea, sin representación en las instituciones. Una cuestión que todavía no está aclarada, ya que el estatus de la Roca depende de las negociaciones bilaterales entre Madrid y Londres.

En un primer momento, la delegación española no dio importancia a estas declaraciones y consideró que este mensaje estaba destinado a los medios de comunicación británicos. La luz verde a este acuerdo supuso que Downing Street abjurara de muchas de sus «líneas rojas» defendidas hasta el momento: la duración del periodo de transición será de 21 meses, deberá pagar la factura de salida y respetar los derechos de los ciudadanos.

España está conforme con este recordatorio en el texto de conclusiones y no se espera que haya ningún tipo de problema para que los Veintisiete den luz verde al texto definitivo. El Gobierno español mantiene una actitud «constructiva» respecto a la situación del Peñón y mira con especial preocupación las circunstancias de las personas que deben cruzar la Verja de manera habitual. Por eso, aunque España no se opone a que La Roca se beneficie del periodo transitorio con acceso al mercado único, considera que Reino Unido debe atender antes a unas cuestiones que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha tildado de «irritantes». Entre los temas que crean mayor controversia entre Londres y Madrid y están dificultando las negociaciones, se encuentran el contrabando de tabaco, la gestión del aeropuerto, la fiscalidad y problemas medioambiental.

Uno de los temas de la reunión de ayer fue la ampliación a los Balcanes. España está en contra de invitar al representante de Kosovo (antigua región serbia que España no reconoce como Estado) en la cumbre de la ampliación que celebrará en mayo en Sofía (Bulgaria). España no sólo está en contra de la presencia de ningún representante de la ex provincia serbia, sino que también mantiene que la Comisión Europea se ha precipitado al abrir la puerta nuevamente a una otra ampliación del club comunitario a los países de los Balcanes. Se espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acuda a la cumbre de los Veintiocho en Sofía, pero que se ausente del encuentro en el que participarán los países de los Balcanes, entre ellos el representante kosovar.