La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, manifestó este domingo estar "preocupada" por declaraciones del ultraderechista Partido Republicano respecto de derogar la actual ley de aborto en el país suramericano si en el futuro alcanza a ser mayoría en el Congreso Nacional.

"En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, ahora se llamarán republicanos, pero es el mismo sector que recurrió ante el Tribunal Constitucional para impedir la pastilla del día después. Respecto de la anticoncepción y también de la interrupción voluntaria del embarazo, creo que la mejor defensa es la legitimación popular que tiene", apuntó la secretaria de Estado, en una entrevista con el medio nacional La Tercera.

"He activado conversaciones tanto con la senadora (Claudia) Pascual, (militante del partido comunista), quien lideró ese proceso legislativo, como también con la expresidenta (Michelle) Bachelet, porque estamos preocupadas. Cuando se conoció esto, yo inmediatamente recibí mensajes de muchas organizaciones muy preocupadas, y no organizaciones, como creen que son, de las feministas más radicales, sino organizaciones que trabajan vinculadas a pobreza, a infancia", enfatizó.

Ya que "la mayoría de quienes invocan la causal de violación son niñas de 13 años, y eso muestra el poco sentido de realidad de esta propuesta, que por un principio abstracto están dispuestos a criminalizar a cerca de 4.000 mujeres y niñas", explicó.

Las declaraciones de la colectividad de ultraderecha, que en las últimas encuestas ha aparecido como el partido con mayor identificación entre la población chilena, se dieron la semana pasada en medio del debate en torno a las enmiendas constitucionales, disposiciones redactadas en el Consejo Constitucional donde esta organización es la mayor fuerza.

“El día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta a la vida”, afirmó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Chile permite abortar en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, y aunque promulgada en septiembre de 2017, aún no se superan muchos de los obstáculos de su implementación.

Cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2.550 casos al año, pero las cifras están muy por debajo de esta estimación.

Según el Ministerio de Salud, desde 2018 hasta junio de 2022 se han practicado 2.793 abortos. El 31 % fueron por riesgo para la madre, el 49 % por inviabilidad fetal y el 20 % por violación. En 2021, el año con los registros más altos, se realizaron 672 y durante el primer semestre de 2022, 276. EFE

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