Pasada la tormenta, vienen los castigos. Las autoridades de Brasil iniciaron este lunes las primeras investigaciones y tomaron las primeras medidas judiciales después del asalto de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo en Brasilia, la capital.

En principio se habló de 400 detenidos, y 46 heridos (dos de gravedad), pero la cuenta actualizada ya sumaba otras 1.200 personas apresadas por la Policía Federal frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, durante los operativos para desalojar los campamentos bolsonaristas que han estado instalados allí durante dos meses. Al parecer, han identificado hasta a 800 atacantes. El Tribunal Supremo había dado un plazo de 24 horas a las Fuerzas de Seguridad para que desalojaran las concentraciones de los grupos que en la víspera asaltaron los edificios de los poderes del Estado.

Durante la mañana de hoy, la Policía dio un plazo de una hora antes de comenzar las detenciones. La mayoría desmontó sus campamentos de manera pacífica. Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo. Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva afirmó que «los golpistas que promovieron la destrucción del patrimonio público en Brasilia están siendo identificados y serán castigados», escribió en Twitter.

Han surgido muchas preguntas, incluyendo las que versan sobre la responsabilidad por acción u omisión de las propias autoridades. Desde hace varios días se sabía que el ministro de Defensa, José Múcio, había tenido confrontaciones con el titular de Justicia, Flávio Dino, sobre cómo lidiar con las turbas bolsonaristas que llevaban semanas pidiendo un golpe militar en la capital del país.

Dino presionaba por desmantelar los campamentos y protestas, y Múcio decía que se trataba de un ejercicio de libertad de expresión que debía ser tolerado. Ahora, algunas fuentes asoman que la inacción permitió que integrantes de la Policía Militar, manejada por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, –un aliado de Bolsonaro– y hasta efectivos militares pudieron haberse involucrado con los atacantes. De hecho, el día del asalto a las sedes del poder había soldados en los sótanos del palacio presidencial, pero no impidieron que la turba avanzara. Otro grupo de militares que estaba en el Ministerio de Defensa tampoco reaccionó.

Incluso, hay vídeos en redes sociales que muestran a bolsonaristas conversando con policías de manera amable. Parecía que no había orden de actuar. Un documento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) confirma que hubo negligencia de la Policía Militar (PMDF) durante los actos registrados en Brasilia, según reveló el sitio de noticias «Metrópoles». Una de las versiones indica que reprimir antes del ataque hubiese sido más costoso, y que ahora concretado el suceso es más fácil «descabezar a los grupos y desmantelar las protestas por completo». Incluso, solicitar acciones penales contra el expresidente Bolsonaro y solicitar a Estados Unidos su extradición.

A nivel político, también se produjeron este lunes ajustes. El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, pidió disculpas a Lula y calificó a los responsables de «verdaderos terroristas». «En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones», afirmó. Rocha, que despidió al jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro, fue suspendido de su cargo por 90 días por orden del Supremo Tribunal Federal.

El analista Leandro Machado asegura que «seguramente Bolsonaro alentó este intento de golpe, no solo con su silencio desde que perdió las elecciones y no admitió la derrota, sino durante los últimos años». A su juicio, «este atentado terrorista tiene las diez huellas dactilares de Bolsonaro. Pero no solo él, también su aliado Ibaneis Rocha y Anderson Torres. El Ministerio Público acaba de pedir incluso la detención temporal del secretario Torres».

El ministro de Justicia, Flávio Dino, acusó directamente a Bolsonaro, y el expresidente reaccionó en Twitter donde repudió «las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)». El expresidente, que viajó a EE UU dos días antes de terminar su mandato, comparó los hechos del domingo, que calificó de «depredaciones e invasiones», con las «manifestaciones convocadas por la izquierda», asegurando que «escapan la regla».

Este lunes, Bolsonaro fue ingresado en un hospital de Orlando (Florida) afirmando sufrir fuertes dolores abdominales, según informó «O’ Globo».

Lula da Silva, y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial llamaron hoy a mantener la «serenidad» y «defender la democracia» en paz. En un comunicado conjunto, rechazaron «los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas que acontecieron en la tarde de ayer en Brasilia».

«El país necesita normalidad, respeto y trabajo» para alcanzar «el progreso y la justicia social», señaló la nota conjunta firmada por Lula, los jefes del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber. Las autoridades volvieron este lunes a despachar desde sus oficinas, aun en medio de destrozos y con funcionarios de la Fiscalía recogiendo evidencias de lo ocurrido.

Entretanto, las reacciones internacionales de condena al asalto se acumulan. Los gobiernos de México, EE UU y Canadá condenaron el intento de golpe de Estado, a través de un comunicado conjunto publicado por el Gobierno azteca. Washington ya lo había hecho por su cuenta el domingo, así como la UE y mandatarios como Pedro Sánchez (España), Enmanuel Macron (Francia), Gustavo Petro (Colombia), Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle (Paraguay), Luis Arce (Bolivia) y Dina Boluarte (Perú).