Cinco años de prisión para el fotógrafo Shawkan, icono mundial de la libertad de expresión.

Con una sonrisa en el rostro y recreando varias veces con las manos su célebre gesto de usar una cámara, el fotoperiodista Mahmud Abu Zeid, conocido entre los suyos como Shawkan, recibió ayer como un mal menor la condena a cinco años que le decretó una corte criminal de El Cairo durante la audiencia de su veredicto en el complejo penitenciario de Tora.

La condena llega después de un auténtico viacrucis judicial que ha durado un lustro, y pone a Shawkan más cerca de abandonar la cárcel dado que los cinco años de condena coinciden con el tiempo que ya ha pasado entre rejas en régimen de detención preventiva.

Sin embargo, el fotoperiodista solo pasará a estar ahora en libertad condicional, y deberá cumplir una pena complementaria de otros cinco años, durante los que tendrá que presentarse cada noche a una comisaría de policía y no podrá salir del país. Su abogado, Taher Abu Nasr, anticipó ayer que se plantean apelar una decisión que consideran injusta.

Durante su calvario en prisión, Shawkan se convirtió en todo un icono de la libertad de expresión y de prensa, lo que le ha valido el reconocimiento de distintas instituciones, entre ellas la Unesco, que el pasado mes de abril le concedió, ante la ira del Gobierno egipcio, el Premio Guillermo Cano por su contribución a la defensa de la libertad de prensa.

«Shawkan simboliza el hábito de las autoridades de considerar que cualquier periodista que informa sobre la oposición forma parte de la oposición, y que cualquier [periodista] que documenta violaciones de los derechos humanos busca destruir la imagen de Egipto», comenta a LA RAZÓN Sophie Anmuth, miembro de Reporteros Sin Fronteras.

La sentencia concluye otro polémico caso en el que Egipto ha juzgado a 739 personas por el presunto papel que desempeñaron en la acampada que tuvo lugar durante el verano de 2013 en la plaza Rabea de El Cairo para exigir la restitución del ex presidente Mohamed Morsi, depuesto poco antes en un golpe de Estado ejecutado por el actual mandatario Abdel Fatah Al Sisi. La acampada acabó siendo brutalmente desalojada por las Fuerzas de Seguridad, que mataron a más de 800 personas en un solo día, un dantesco episodio por el que ningún oficial ha sido investigado ni juzgado.

«El veredicto es extremadamente preocupante como parte de un juicio masivo en el que cientos de acusados han sido procesados colectivamente, privándoles del derecho a un proceso con garantías, a ser debidamente representados por abogados y a ser escuchados», critica a este medio Mai al Sadany, directora del programa jurídico y judicial del Instituto Tahrir para la Política de Medio Oriente.

Entre los centenares de juzgados se encontraba parte de la plana mayor de los Hermanos Musulmanes, algunos de cuyos miembros, como Essam al Erian o Mohamed Beltagi, figuran entre los 75 acusados que vieron confirmada su pena de muerte. Además, otras 47 personas fueron sentenciadas a cadena perpetua, entre ellas el guía supremo de la hermandad, Mohamed Badie. El resto recibió penas de cárcel de entre cinco y 15 años.