Era madrugada, y Dina Boluarte le habló al país. La presidenta de Perú, al salir del primer Consejo de Ministros con su nuevo Gabinete, anunció la determinación de su Gobierno recién iniciado de impulsar un acuerdo en el Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Originalmente, la mandataria debe culminar el periodo presidencial correspondiente a Pedro Castillo, que comenzó a mediados de 2021.

Pero las protestas en el país tras la vacancia del expresidente y su posterior arresto no cesan, y la demanda general es que se debe ir de nuevo a las urnas.

“Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia de la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción del Gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República y adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024″, expresó.

La presidenta precisó que en los siguientes días enviará formalmente el respectivo proyecto de ley, para ser consensuado con las fuerzas políticas del Parlamento. Será allí donde deberá discutirse y aprobarse una reforma constitucional que permita recortar el mandato. Para lograrlo son necesarios 87 votos (es decir, una amplia mayoría) en dos legislaturas consecutivas, lo cual hace que sea imposible tal decisión antes de la segunda mitad de 2023.

Boluarte también habló de la necesidad de desarrollar un nuevo marco normativo. “Mi Gobierno promoverá, asimismo, la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político, que permita a todos los peruanos y peruanas contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo; ajeno a toda práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana”, manifestó.

El presidente del Congreso, José Williams, dijo que el miércoles se reunirá el Consejo Directivo para incluir en la agenda legislativa el asunto sobre un adelanto de elecciones. El Legislativo, institución que finalmente puede convocar a unas elecciones, había adelantado un dictamen en su Comisión de Constitución que plantea, de manera muy ambigua, regular el recorte del mandato presidencial y parlamentario para el 28 de julio de 2023 y la realización de unas elecciones generales en un plazo máximo de cuatro meses. Ahora todos esos tiempos pasan a la discusión política entre los grupos y será el pleno de los diputados el que deberá tomar una decisión al respecto.

En las calles el reclamo se mantiene, y exige renuncias inmediatas y elecciones prontas. Dos personas han fallecido ya producto de las protestas populares. Además, la jornada inició con el paro indefinido organizado en el interior del país, bloqueos en carreteras como las carreteras Panamericana Norte y Sur que dejó varados autobuses y camiones de carga.

El Poder Ejecutivo peruano desplegó fuerzas policiales en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima que sería tomado por manifestantes, según informaciones que corrieron por redes sociales, y se instalaron vallas de seguridad en los alrededores del Congreso. Además, el Ministerio de Educación suspendió las clases en tres regiones del país.

El aeropuerto de Arequipa fue tomado por más de 2.000 manifestantes y hubo enfrentamientos con la policía para despejarlo, por lo que las operaciones fueron suspendidas, así como los vuelos de las aerolíneas nacionales e internacionales que tenían a ese lugar como destino. Hasta el cierre de esta nota se había registrado allí dos personas heridas, según confirmó la Defensoría.

Por si fuera poco, el Gobierno regional de Puno emitió un comunicado calificando como “ilegal e irregular” la destitución de Pedro Castillo y exigiendo la convocatoria a una asamblea constituyente.

La gobernabilidad está en jaque en Perú. El primer ministro, Pedro Angulo, acusó a los prefectos –autoridades regionales nombradas por la Presidencia- de haber azuzado las protestas contra Boluarte y anunció que se había decidido destituirlos a todos.

En esta línea, el primer ministro recordó que ya existe un proyecto de ley en el Congreso para eliminar dichos cargos. “En todo caso, si todavía existe la figura, en el día se producirán los cambios, o de otro lado ya se dejarán sin efecto los cargos de prefectos y subprefectos a nivel nacional”, declaró.

Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, informó que “hemos encontrado un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y de las representaciones locales donde se mueven estos prefectos. Lo que nosotros queremos no solo son funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho”, declaró a la prensa local.

Otárola agregó que la presidenta Boluarte no renunciará al cargo que asumió hace menos de una semana.