El fiscal argentino Diego Luciani ha pedido este lunes 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, quién era la presidenta de Argentina en el momento de los hechos. La justicia argentina investiga a Fernández por un sistema de corrupción en las obras públicas que generaba sobrecostes.

La expresidenta argentina es acusada por delitos de asociación ilícita agravada en calidad de jefa y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en sus años como presidenta de Argentina entre 2007 y 2015.

El fiscal Luciani le acusa de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos durante su Presidencia. Fernández ha negado las acusaciones este lunes antes de conocerse la petición de 12 años de cárcel de la Fiscalía: “Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Igualcel; los fiscales, en abierto violación del derecho a la defensa, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planeadas”, escribía en Twitter la vicepresidenta argentina. Fernández ha concluido: “Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de ejercer efectivamente mi derecho a defensa”.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha lamentado la petición de la Fiscalía: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.

Muchos expertos sospechan que los capitales supuestamente desviados habrían vuelto a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas. Sin embargo, Fernández cierra filas con su vicepresidenta pese a las fuertes tensiones entre ambos de los últimos meses: “El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner“, señaló el presidente Fernández a través de un comunicado. “Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado”, añadió.

El fiscal Luciani ha sido contundente en sus acusaciones contra la exmandatario de 69 años: “Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, señaló el fiscal Luciani durante su alegato, transmitido en vivo por internet.

El fiscal Sergio Mola ha abierto la novena y última audiencia de alegatos de acusación con un repaso de los detalles de la causa donde declararon más de un centenar de testigos. Mola consideró que los acusados “trazaron un plan” que buscaba defraudar al Estado mediante “la discrecionalidad en la utilización de los fondos”.

La sentencia se conocerá en unos meses tras iniciar el juicio en mayo de 2019. Sin embargo, Fernández podría apelar a tribunales superiores y la sentencia firme podría alargarse varios años. Sin embargo, una sentencia este año podría afectar a las opciones del gobierno de centroizquierda en las elecciones presidenciales de finales de 2023.