Los legendarios masái podrían perder su tierra. En enero de 2022, el comisario regional de la Provincia de Arusha, John Mongella, informó a los líderes masái de la decisión del Gobierno de arrendar una parcela de 1.500 km2 a la compañía árabe Otterlo Business (OBC), una empresa dedicada a la caza y los safaris en África. La intención del gobierno tanzano consiste en demarcar el área controlada de Loliondo (que actualmente cuenta con un total de 4.000 km2) para que la tierra sea utilizada como zona de caza de trofeos, pese a las protestas que llevan circulando entre los masái desde que se conoció el proyecto en 2017. Lo que comenzó como una ráfaga de rumores sin verificar ha dado paso a una realidad que los masái temen desde hace años, siendo este un ejemplo más (de tantos) donde que un Gobierno africano provoca el desplazamiento de miles de sus ciudadanos con el objeto de favorecer a empresas extranjeras.

700 masái ya han tenido que huir de Tanzania al otro lado de la frontera con Kenia, mientras se espera que cerca de 70.000 tengan que abandonar sus tierras cuando se cierre definitivamente el proyecto. A este número se añaden los 97.000 que ya fueron desplazados en un segundo proyecto realizado en el Parque de Ngorongoro, generando una cifra total y nada desdeñable de 167.000 masái desplazados en lo que va de año. Los masái han pastoreado a sus ganados en este territorio durante siglos, hasta hoy, mientras la empresa OBC ya se ha visto involucrada anteriormente en casos similares de desahucio de tierras masái y ha sido acusada en repetidas ocasiones de promover la caza de especies amenazadas.

Una historia interminable

Tampoco es la primera vez que los masái se ven obligados a abandonar su tierra. En la década de los años 50, el gobierno colonial a cargo de la actual Tanzania pidió a los masái que abandonasen el Parque Nacional del Serengueti (inaugurado en 1951), con el fin de preservar al máximo la zona. Los masái asentados aceptaron entonces y se trasladaron al cercano cráter del Ngorongoro. Sin embargo, décadas después, ante la preocupación de que demasiadas personas vivieran en Ngorongoro y de que el impacto que tuvieran sobre la fauna salvaje fuera negativo, muchos masái fueron trasladados nuevamente a la división de Loliondo. A estos se les pide otra vez que abandonen su tierra, junto con los masái que ya vivían allí antes de este éxodo permanente con tintes de historia interminable, y llegados a este momento los masái se niegan a seguir.

El pasado 6 de junio se sucedieron las protestas masái en Loliondo, en un intento de frenar la decisión del gobierno que estrecha cada vez más el cerco de las tierras donde los ganaderos pueden pastorear a sus reses. La gota desbordó el vaso cuando comenzaron las demarcaciones de tierra en relación con el proyecto de OBC, a falta de pocos días para que el Tribunal de Justicia de África del Este dicte sentencia en el caso presentado por los masái contra el Gobierno tanzano. Según Donald Deya, presidente de la Unión de Abogados Panafricanos, estas demarcaciones son ilegales porque ya salió una sentencia en 2018 que prohibía al Gobierno tanzano “hacer precisamente esto”, en referencia a los desahucios de masái de sus tierras históricas.

Los líderes masái han asegurado que las fuerzas de seguridad tanzanas abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un número indeterminado de heridos que tuvieron que huir a la vecina Kenia para ser atendidos por el personal sanitario. Un vídeo compartido con Associated Press muestra cómo los masái corren a cubierto de las balas y los gases lacrimógenos lanzados por del Ejército tanzano. Stephen Parmuat, que ayudó a los heridos a cruzar la frontera, aseguró haber visto “a mucha gente apaleada” y que “la situación sigue siendo delicada. Mucha gente ha sido desplazada y no sabemos adónde ir”.

Fuentes masái han informado sobre la detención de 20 personas durante las protestas, incluyendo líderes políticos, los cuales fueron inmediatamente acusados del cargo de asesinato en un tribunal local. Esta acusación nace de la supuesta muerte de un oficial tanzano durante el curso de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, aunque los masái niegan que esta muerte haya tenido lugar.

Acusaciones cruzadas

Voces masái culpan al Gobierno pero también a los turistas que acuden al país. Se dice que “los turistas quieren el uso exclusivo de los parques para no tener que encontrarse con nuestras vacas”, mientras la Comisión Africana de Derechos Humanos ha hecho un llamamiento al Gobierno tanzano para que detenga este “desahucio forzoso”. Pero desde Dodoma prosiguen con ese discurso que dice que el elevado número de masái en las zonas protegidas puede suponer un peligro para la fauna salvaje, donde las vacas roban el pasto a las cebras y los búfalos mientras los propios pastores masái cazan en ocasiones a los carnívoros que ponen en peligro al valioso ganado. El inspector de policía Simon Sirro acusó además a algunos masái de movilizarse con el único objetivo de desobedecer la ley, afirmando que había dado instrucciones a la policía “para que utilicen la fuerza si fuera necesario”.

Las disputas territoriales entre los masái y el gobierno de Tanzania se llevan sucediendo desde hace más de 30 años. En los años 80 fueron vendidas 10.000 acres de tierra utilizada por los masái a la compañía Tanzania Breweries Limited, con el fin de cultivar trigo y cebada. En este caso, a los masái tampoco se les consultó ni se les ofreció ningún tipo de compensación económica frente a la prohibición de acceder a esta importante porción de tierra que permite el correcto desarrollo de sus rebaños. Ni siquiera fueron compensados cuando, 19 años después, Tanzania Breweries Limited vendió el terreno a Tanzania Conservation Limited, la subsidiaria en el país africano de la empresa de turismo Thomson Safaris. Que tampoco ha permitido a los masái regresar a la tierra, como se puede suponer.

Los líderes masái llevan desde entonces apelando su caso frente a los tribunales. En sus demandas no solo piden una compensación económica por los daños ocasionados, sino también el desarrollo de una ley que impida el robo de su tierra. Un robo que no es robo si los masái no tienen el papelito que diga que las tierras de sus antepasados son suyas. El mundo de la burocracia devora a la tradición, y resulta sencillo para los funcionarios tanzanos desdeñar las apelaciones de los masái que, a causa de la tradición y debido a lo antiguo de las posesiones, no cuentan con los registros “modernos” que especifiquen que la tierra les pertenece.