El gobierno de Nicaragua continuó su aislamiento este domingo, al anunciar el retiro de las credenciales de sus representantes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el cierre de sus oficinas del organismo hemisférico.

La decisión se anunció mediante un comunicado oficial que dio a conocer el canciller nicaragüense Denis Moncada, en el cual el gobierno del presidente Daniel Ortega acusa a la OEA “no representa” al país.

“Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA”, señaló el Gobierno de Nicaragua en una declaración pública.

Según la administración de Ortega, la OEA “es instrumento del imperialismo yanqui, para violentar derechos e independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando golpes de Estado en distintos formatos y modalidades”.

Nicaragua anunció en noviembre su retiro de la OEA después de que el organismo continental desconociera los resultados de las elecciones realizadas el día 7 de ese mes, en las que Ortega, de 76 años, se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, tras haber encarcelado a sus principales rivales y contendientes políticos.

Por su parte, la OEA afirmó más tarde en un comunicado que la ocupación de sus oficinas era “una violación de las más elementales normas internacionales”.

No obstante, señaló que según las normas de la entidad, el retiro de Nicaragua se hará oficial en noviembre de 2023, una vez que se cumplan dos años desde el anuncio de su decisión.

El organismo también destacó que el país caribeño tampoco tendrá oficinas en su país. “Su sede local ha sido cerrada”, destacó el comunicado.

“Exigimos al gobierno nicaragüense el respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA y con toda organización internacional de la cual Nicaragua es parte”, señaló la organización, que mencionó en particular la inmunidad de sus operaciones en los países miembros y la inviolabilidad de sus oficinas, archivos y documentos.

Los embajadores retirados se unen al anterior, Arturo McFields, quien fue destituido en marzo, por tomar el micrófono en una sesión de la OEA acusando sorpresivamente a Ortega de haber instaurado “una dictadura” en Nicaragua.

McFields acusó al gobierno de haber asesinado a más de 300 personas durante las protestas de 2018, lo que derivó en la peor crisis política en la historia reciente de Nicaragua, y dijo que no podía seguir representando a un régimen que mantiene en la cárcel a más de 170 “presos políticos”.

Desde 2018 Nicaragua vive una situación crítica en sociopolítica que se acentuó en las elecciones de noviembre, evidenciando una represión política que ha terminado con centenares de opositores condenados.