La República Federal de Alemania inició tras la Segunda Guerra Mundial un proceso de desnazificación para extirpar cualquier resto de nacionalsocialismo. La Ley Fundamental de 1949 prohíbe explícitamente la creación de partidos que glorifiquen el nazismo, mientras que su Código Penal castiga con dureza los actos de quienes «aprueben, nieguen o minimicen, en público o en una reunión, los actos perpetrados durante la dictadura nazi».

En concreto, el artículo 130 prevé penas de entre tres y cinco años por instigar el odio y la xenofobia, así como poner en peligro la paz pública por razón de religión, raza o creencias. Por su parte, el artículo 86 prohíbe símbolos inconstitucionales como la esvástica, la esvástica e incluso el bigote de Adolf Hitler y negar el Holocausto. Anualmente, el Ministerio del Interior publica una lista de los símbolos ilegales.

«Quien distribuya en el interior medios de propaganda [de organizaciones anticonstitucionales o asociaciones que se dirijan contra los principios del entendimiento de los pueblos] o los produzca para su divulgación en el país o en el exterior; los tenga disponibles, los introduzca o los exporte, o los haga accesibles públicamente en archivos de datos electrónicos (...) será castigado con pena privativa de la libertad hasta por tres años o con multa», contempla el texto.

El Tribunal Constitucional ha fallado en numerosas ocasiones que preservar estos valores son compatibles con la libertad de expresión. La irrupción en el Parlamento en 2017 de AfD, el primer partido ultraderechista desde 1945, sin embargo, está normalizando comportamientos y opiniones que eran tabú en la política alemana.

Italia

La Constitución italiana prohíbe la reconstrucción «bajo cualquier forma» del desaparecido Partido Fascista, y distintas leyes sucesivas castigan la apología del fascismo. En concreto, la Ley Scelba de 1952, que adopta su nombre del entonces ministro del Interior, Mario Scelba, estableció la posibilidad de disolver formaciones que compartan los mismos objetivos del partido fundado por Benito Mussolini en 1919, «con finalidades antidemocráticas propias del partido fascista, exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha política o propugnando la supresión de las libertades garantizadas por la Constitución».

Al amparo de dicha norma, han sido disueltos tres partidos, el último el Frente Nacional en 2000. Por otra parte, el artículo 293 bis del Código Penal prevé penas de hasta cuatro años de prisión para los delitos de «apología del fascismo» y «reconstrucción del partido fascista». Además, «la propaganda referida al régimen fascista y nazifascista» y «la simbología y gestualidad del partido fascista y del partido nacionalsocialista alemán y sus relativas ideologías» son castigadas con hasta dos años de cárcel.

La ilegalización de partidos fascistas ha vuelto al primer plano de la actualidad italiana después de que el grupo ultra Forza Nuova asaltara el 9 de octubre la sede del sindicato CGIL en Roma durante una manifestación contra el certificado covid. El Gobierno de Mario Draghi se dispone a ilegalizarlo una vez que reciba el plácet de la magistratura, tal y como le ha instado el Parlamento.